SANTIAGO DE CHILE, 29 May. (EUROPA PRESS) - (Isaac Tang / Periodismo UNIACC)
La provincia de Pataz, ubicada en la región de La Libertad, Perú, ha sido escenario de una creciente violencia vinculada a la minería ilegal y al crimen organizado. Desde febrero del 2024, la presidenta Dina Boluarte declaró el estado de emergencia en la zona, desplegando numerosos efectivos oficiales. A pesar de estas medidas, tan solo hace un par de días se encontraron 13 cadáveres dentro de la mina Libertad, estos cuerpos corresponden a trabajadores del yacimiento propiedad de la empresa Poderosa; lo cual demuestra que las medidas tomadas con antelación aún son insuficientes.
Tras este violento suceso, el estado peruano ha reforzado su presencia en Pataz, declarando el toque de queda en la zona y desplegando mil efectivos de la Policía Nacional y 150 elementos de las fuerzas armadas, pero ¿realmente ha sido efectivo este despliegue?
“En pleno distrito central de Pataz se ven pasar a militares, al menos unos 3 o 5 por hora, por eso el negocio que sostiene mi familia ha podido vivir en paz, pues hace cosa de un mes seguíamos pagando a los cholos protección, pero ya no los he visto por acá y no nos han cobrado. Por ahora estamos bien, además de que puedo salir sabiendo de que, por lo menos, en la ciudad está más tranquilo”, afirma un residente de Pataz que prefiere mantener su identidad anónima. Hecho que da a entender que la seguridad se ha visto mejorada, al menos, en la zona residencial.
Sin embargo, qué pasa en la zona minera. Joaquín Prieto, gerente de mantenimiento de equipos para la industria, ha realizado servicios en el yacimiento Libertad y confirma que las amenazas a la seguridad siguen latentes: “En las minas no hay ley. Más allá de donde hallaron esos cuerpos, pudieron haber salido de cualquier lugar, ya que en la noche no hay ni un alma, solo mineros descansando encima de rocas, acomodados como pueden, pero los policías y fuerzas armadas no se atreven a adentrarse”.
Dicha declaración evidencia que, pese a los avances en la militarización de la provincia de Pataz durante 15 meses, los procedimientos que ha tomado el gobierno peruano aún son insuficientes para la zona; por lo pronto, solo queda estar pendientes a los avances que realicen estas, con respecto a la crisis de seguridad que cada día va en aumento en el país.