Santiago 25 Nov. (ATON) -
Tres capítulos contiene la acusación constitucional presentada por diputados de la oposición, liderados por la dupla socialista Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, involucrado en la trama bielorrusa, entre otros conflictos.
Tres capítulos contiene la acusación constitucional presentada por diputados de la oposición, liderados por la dupla socialista Daniella Cicardini y Daniel Manouchehri, en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, involucrado en la trama bielorrusa, entre otros conflictos.
Además, de los diputados Cicardini y Manouchehri, al libelo de sumaron Arturo Barrios (PS), Luis Cuello (PC), Ana María Gazmuri (AH), Daniel Melo (PS), Emilia Nuyado (Ps), Lorena Pizarro (PC), Matías Ramírez (PC), Leonardo Soto (PS) y Carolina Tello (FA).
El primer capítulo sostiene que el ministro faltó de manera notable al deber de probidad, abstención e imparcialidad en el marco de la causa denominada BelAz Movitec. Al respecto, la acusación plantea que Simpertigue intervino directamente en la resolución de causas vinculadas a este consorcio de origen bielorruso.
Dichas decisiones de la Corte Suprema favorecieron al consorcio en su litigio con Codelco por montos que superan los $11 mil millones. Esto en un contexto donde mantenía vínculos personales relevantes con los abogados de dicha parte -Eduardo Lagos Herrera y Mario Vargas Cociña- actualmente imputados por delitos de cohecho y lavado de activos en la arista bielorrusa del Caso Audios .
El segundo capítulo acusa notable abandono del deber de probidad por conflictos de interés en nombramientos notariales. Esto se funda en que el cuestionado ministro permitió que, durante el período en que evaluaba y supervisaba a la Corte de Apelaciones de San Miguel, su hijastro fuera designado como notario interino en una de las notarías más lucrativas de la jurisdicción, decisión adoptada por la misma autoridad que él debía fiscalizar .
En tanto, el tercer capítulo lo acusa de infringir del deber de abstención, imparcialidad y probidad por el caso Fundamenta. En este punto, el ministro de la Suprema habría participado en la resolución de la causa sobre el proyecto EcoEgaña, que favoreció a Inmobiliaria Fundamenta.
Semanas más tarde habría realizado un crucero junto a los abogados Eduardo Lagos y Mario Vargas, representantes del consorcio, ambos en prisión preventiva. La proximidad temporal entre el fallo, los pagos investigados y el viaje compartido entre el ministro y los abogados vinculados a la trama refuerza la existencia de un vínculo social estrecho y sostenido , sostiene el texto de la acusación.
Tras el ingreso del libelo, la comisión revisora quedó integrada por las diputadas Mónica Arce (ind.) y Maite Orsini (FA), y los diputados Álvaro Carter (ind.), Cosme Mellado (PR) y Marco Antonio Sulantay (UDI).
A partir de ayer, rige el plazo de tres días para que la Cámara notifique, personalmente o por cédula, al ministro de la Corte Suprema.
Una vez notificado, Simpertigue tendrá diez días de plazo para concurrir ante la comisión encargada de la acusación, en forma personal o por escrito.
Posteriormente, la comisión especial tendrá seis días para estudiar la acusación y pronunciarse sobre ella, remitiendo esta decisión a la Sala.