Santiago, 09 de Julio del 2026. Se reúnen las y los presidentes y jefes de bancada de los partidos de oposición con abogados constitucionalistas para abordar la mega reforma y su constitucionalidad. En la imagen Juan Luis Castro Luis Quinteros/Aton - LUIS QUINTEROS/ATON CHILE
Santiago 9 Ago. (ATON) -
El senador socialista cuestionó que la definición de las organizaciones incluidas en el registro quede bajo control político y planteó que deben ser los tribunales los encargados de determinar cuáles corresponden a bandas de crimen organizado.
El senador Juan Luis Castro (PS) puso reparos a una de las principales propuestas anunciadas por el Gobierno dentro de su nueva Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), particularmente al mecanismo que se utilizaría para definir qué organizaciones serán incorporadas a un registro de bandas criminales.
El integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara Alta cuestionó que la elaboración de este registro quede en manos del Ejecutivo y contemple posteriormente un control por parte del Senado. A su juicio, una determinación de estas características debería corresponder a los tribunales.
Castro advirtió que hay que tener cuidado de dejar en control político y no judicial, que es lo que corresponde, que sean los tribunales los que digan cuáles son las bandas de crimen organizado .
Los cuestionamientos surgen luego de que el Gobierno de José Antonio Kast, tras la aprobación de la megarreforma, avanzara hacia una segunda etapa de su agenda legislativa, esta vez concentrada en materias de seguridad.
La nueva fase será encabezada por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, y contempla una amplia cartera de iniciativas. Actualmente existen 19 proyectos de ley en tramitación, a los que se sumarían otras nueve iniciativas y una reforma constitucional, con la intención del Ejecutivo de avanzar en su despacho antes de Navidad.
Entre las propuestas se encuentra precisamente la creación de un registro de bandas criminales con rango constitucional, cuya elaboración correspondería al Ejecutivo y tendría un mecanismo de control por parte del Senado.
Para Castro, la fórmula requiere una revisión detallada antes de avanzar en su tramitación. El senador también manifestó preocupación por el tono que podría adquirir la discusión política en torno a la seguridad y el crimen organizado.
El parlamentario socialista apuntó que aquí se busca algún modo extremar posiciones y convertir una batalla que hoy día no se da en las calles en una batalla ideológica (...) Los anuncios son confusos y creo que esto va a haber que revisarlo muy bien porque además requiere 4/7, y eso es un quórum muy alto y va a necesitar acuerdos con la oposición .
De esta manera, Castro anticipó que la discusión no estará centrada únicamente en entregar nuevas herramientas al Estado para enfrentar al crimen organizado, sino también en establecer quién tendrá la facultad de determinar qué grupos califican como organizaciones criminales.
El senador recordó además que, al tratarse de una modificación que requiere un quórum de cuatro séptimos, el oficialismo necesitará conseguir apoyos más allá de sus propias filas para sacar adelante la iniciativa en el Congreso.