Santiago 14 Nov. (ATON) -
La Asociación Nacional de Profesionales de la Administración del Poder Judicial (Aprajud) manifestó su profunda preocupación y su más enérgico rechazo frente a los hechos de extrema gravedad ocurridos este jueves en la Corte de Apelaciones de Arica.
Además, el gremio expresó su solidaridad con su socio y administrador del tribunal de alzada, Raúl Marchant Lira, quien fue víctima de una agresión con arma blanca perpetrada por otro funcionario judicial en el contexto del proceso de notificación de calificaciones anuales.
Aprajud también expresó sus condolencias a la familia del funcionario Juan Verdejo, de 35 años, abatido por carabineros y gendarmes durante el ataque. El gremio llamó a entender el violento episodio en sus "múltiples dimensiones personales" e, incluso, pidió analizar la eventual aplicación de la Ley Karin sobre acoso laboral.
"Este lamentable episodio no solo constituye una vulneración directa a los principios rectores de la función pública probidad, buen trato, seguridad laboral y resguardo del servicio judicial , sino que además evidencia graves fallas estructurales que deben ser abordadas con urgencia por las autoridades del Poder Judicial y del Estado", señaló la Aprajud en un comunicado que firma su presidente Patricio Aguilar.
"Las investigaciones administrativas y penales ya dispuestas por los ministros de la Corte de Apelaciones de Arica y por la Fiscalía Regional deberán esclarecer con total exhaustividad las circunstancias que rodearon estos hechos, determinando responsabilidades y aplicando las sanciones que correspondan dentro del marco del derecho", añadió.
"Aprajud expresa su más sincero apoyo, solidaridad y disposición de acompañamiento a la familia de nuestro asociado Raúl Marchant, esperando su pronta recuperación, con acceso a toda la atención médica y psicológica que su estado de salud requiera", agregó.
Al mismo tiempo, "y con el mismo sentido de humanidad, enviamos nuestras condolencias a la familia del funcionario agresor, quien posteriormente falleció. Ningún hecho de esta naturaleza puede comprenderse sin considerar las múltiples dimensiones personales, psicológicas y laborales involucradas. Reiteramos nuestro respeto hacia su familia, quienes también enfrentan un profundo dolor que merece acompañamiento y contención".
PROBLEMA ESTRUCTURAL
De acuerdo al gremio, en el fondo existe un problema estructural que el Estado ya no puede ignorar y que los hechos acontecidos en Arica vuelven a poner en evidencia. Según dijo, se trata de problemáticas que Aprajud ha denunciado por años:
1. Graves deficiencias en la protección de la salud mental de los funcionarios judiciales, que requieren una respuesta institucional robusta, preventiva y permanente.
2. Sobrecarga laboral y escasez de dotación, realidad crítica considerando que el número de funcionarios se mantiene prácticamente igual al de hace 25 años, mientras la demanda judicial aumenta en todas las materias.
3. Falta de mecanismos eficaces para identificar oportunamente riesgos psicosociales en los equipos de trabajo, donde la ACHS y las autoridades administrativas deben actuar con mayor rigor e inmediatez.
4. La necesidad de analizar, desde una perspectiva estrictamente jurídica, la eventual aplicación de la Ley Karin, considerando la gravedad del episodio y la obligación estatal de garantizar ambientes laborales seguros y libres de violencia.
"En concordancia con lo anterior, reafirmamos nuestra histórica exigencia respecto de la urgente separación de funciones jurisdiccionales y administrativas en los tribunales del país. La estructura actual sigue exponiendo a los equipos judiciales a tensiones y conflictos que podrían evitarse con una organización moderna, eficiente y respetuosa de los estándares internacionales en materia de gestión judicia", enfatizó el gremio.
Luego, recalcó que "nuestra prioridad inmediata es la salud y recuperación de nuestro asociado. Sin embargo, no omitiremos señalar que las condiciones actuales de trabajo marcadas por aumento de cargas, exposición a riesgos psicosociales y falta de dotación adecuada son incompatibles con el servicio de justicia que el país exige y que sus funcionarios merecen".