Santiago 7 Feb. (ATON) -
El jefe comunal señaló que la entrada en vigencia tardía no responde a la urgencia del territorio.
Con reparos respecto a los tiempos de implementación, pero valorando el avance normativo, el alcalde de San Bernardo, Christopher White, reaccionó a la promulgación de la Ley de Seguridad Municipal, iniciativa que amplía las facultades de los funcionarios municipales en la prevención de delitos y violencia intrafamiliar, además de incorporar un seguro de vida para quienes desempeñan estas funciones.
En conversación con CNN, el jefe comunal sostuvo que la nueva legislación no responde completamente a las urgencias del territorio debido a su entrada en vigencia diferida. En el caso particular nuestro no es lo esperado a propósito de que tenemos que estar esperando seis meses para que se implemente , afirmó.
Pese a esa crítica, White destacó que la normativa representa un paso relevante para ordenar el rol que hoy cumplen los municipios en materia de seguridad. Sin dudas que valoramos el esfuerzo de que por fin tengamos un lineamiento, una regulación que pretende generar un rol a algo que, si bien es cierto no era la naturaleza propia de los municipios, hoy día es parte de nuestro quehacer en todo lo que se realiza .
El alcalde también expresó inquietud por la coordinación que deberán asumir distintos ministerios en las futuras fiscalizaciones asociadas a esta ley, advirtiendo que la efectividad de la medida dependerá de cómo se articule el trabajo interinstitucional.
En paralelo, reiteró su postura de incorporar apoyo militar en la lucha contra el crimen organizado, incluso con la nueva legislación en marcha. En San Bernardo tenemos cada 1.500 personas 1 carabinero. Por lo tanto, ese carabinero- primero tiene que estar de punto fijo en el centro de San Bernardo para que el comercio ambulante no nos tome las calles, tiene que estar de punto fijo en el Hospital El Pino y en el Hospital Parroquial para evitar que los narcos se tomen los hospitales , señaló.
Las declaraciones del jefe comunal reflejan la presión que enfrentan los municipios en materia de seguridad pública y las expectativas puestas en la nueva normativa para reforzar la capacidad de respuesta frente al aumento de la delincuencia en distintos territorios del país.