Santiago 27 de julio 2026. El biministro del Interior y Vocero de Gobierno, Claudio Alvarado, realiza un punto de prensa en el Palacio de La Moneda. Dragomir Yankovic/Aton Chile - DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE
Santiago 27 Jul. (ATON) -
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la salida del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue detenido tras ser acusado por un delito de índole sexual.
El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, abordó la salida del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue detenido tras ser acusado por un delito de índole sexual.
"Como hemos conocido las últimas horas, hay situaciones que son inaceptables desde la perspectiva del comportamiento que tiene que tener una autoridad en el ejercicio de su cargo", manifestó Alvarado.
El secretario de Estado afirmó que "en eso el gobierno va a ser intransable en orden a quien no cumpla con las normas básicas de una correcta y sana administración en el ejercicio de la oposición pública, va a ser cesado en su cargo, tal como ha sucedido con el seremi de Magallanes".
Asimismo, señaló que "hay una investigación del Ministerio Público. Nosotros ya tomamos una decisión oportuna de carácter político, que fue solicitarle el cargo".
Durante la jornada, Alvarado comentó sobre el proyecto ingresado por el Gobierno que incorpora el consumo de drogas como nueva causal de cesación en el cargo de autoridades. Esta reforma fue presentada luego de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a un test de drogas.
"La probidad debe ser un requisito para las autoridades sin excepciones, la iniciativa establece un estándar común para quienes ejercen cargos de representación o responsabilidad pública, reforzando que el servicio del Estado existe transparencia, integridad y condiciones que garanticen la confianza de la ciudadanía", indicó Alvarado.
El biministro explicó que el proyecto "busca que las exigencias de control preventivo alcancen a autoridades del Ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipales, consolidando un marco institucional donde nadie quede excluido de los mismos estándares".
"La reforma propone transformar los controles preventivos en una obligación legal entregando mayor certeza a la ciudadanía respecto al compromiso de sus autoridades con la probidad y el correcto ejercicio de la función pública", subrayó.