Santiago 28 Feb. (ATON) -
La compañía sostiene que el Comité de Ministros excedió sus atribuciones al reabrir materias ya evaluadas.
El conflicto en torno al proyecto minero-portuario Dominga volvió a escalar en el ámbito judicial. Andes Iron, empresa titular de la iniciativa, anunció que presentó un recurso de reclamación ante la Justicia Ambiental con el objetivo de impugnar el reciente rechazo del Comité de Ministros.
En un comunicado, la compañía explicó que la acción busca restablecer la legalidad del procedimiento y asegurar el cumplimiento de lo ya resuelto por las instancias técnicas y judiciales competentes, cuyos fundamentos permanecen plenamente vigentes .
Desde la firma sostienen que el Comité de Ministros habría excedido sus atribuciones al revisar nuevamente aspectos ya evaluados durante el proceso de calificación ambiental. En esa línea, afirmaron que El Comité de Ministros no tiene competencias para reabrir materias que ya han sido evaluadas durante el proceso de calificación ambiental ni incorporar fundamentos que no formaban parte de las reclamaciones originalmente presentadas. Reintroducir nuevas causales como si se tratara de antecedentes nuevos representa una clara vulneración a principios elementales del derecho administrativo, tales como la congruencia, la seguridad jurídica y la prohibición de desviación de poder .
La empresa también recordó que el fallo del Primer Tribunal Ambiental de diciembre de 2024 estableció parámetros claros respecto del alcance del nuevo pronunciamiento que debía emitir el Comité de Ministros. Dicho órgano no estaba habilitado para efectuar una nueva revisión integral del proyecto, sino para resolver dentro de los límites fijados por la sentencia .
Andes Iron subrayó además que el proyecto cuenta con un Informe Consolidado de Evaluación que concluyó su cumplimiento con la normativa ambiental vigente, y que las instancias técnicas especializadas validaron sus medidas de mitigación, compensación y seguimiento . Por lo mismo, argumentan que la controversia actual no versa sobre la suficiencia de esos antecedentes, sino sobre la legalidad de un acto administrativo que pretende reconfigurar ex post el alcance del proceso de evaluación .
El gerente general de la compañía, Pedro Ducci, señaló que la justicia ambiental ha determinado que el Comité de Ministros del actual gobierno ha emitido dos pronunciamientos abiertamente ilegales, por lo cual estamos confiados en que nuevamente las instancias técnicas respaldarán nuestro proyecto. Aquí no hay una nueva discusión técnica; lo que está en juego es algo más básico: que se respeten las reglas del juego .
En paralelo, la empresa interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema para revertir la sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta del 20 de febrero de 2026, que anuló el procedimiento de cumplimiento incidental tramitado ante el Primer Tribunal Ambiental. A juicio de la compañía, dicha resolución impide ejecutar una sentencia firme y ejecutoriada vinculada al proyecto, afectando la certeza jurídica y la correcta aplicación del derecho. Dominga no solicita privilegios ni excepciones, sino que se respeten las decisiones adoptadas por las autoridades técnicas y confirmadas por los tribunales .
De esta manera, el proyecto Dominga vuelve a situarse en el centro del debate jurídico y ambiental, a la espera de nuevas resoluciones que definan su futuro.