Santiago 14 Feb. (ATON) -
El gremio afirmó que los dichos afectan la honra institucional de Gendarmería.
Un nuevo capítulo en la crisis del sistema penitenciario se abrió este sábado luego de que la Asociación Nacional de Suboficiales de Gendarmería cuestionara duramente al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, tras sus declaraciones sobre las recientes liberaciones erróneas de reclusos.
El secretario de Estado había señalado en una entrevista televisiva que estos hechos podrían explicarse no solo por fallas administrativas, sino también por eventuales situaciones de corrupción y sabotaje , lo que generó una inmediata reacción del gremio de funcionarios.
Desde la Ansog manifestaron su profunda preocupación por la conducción del sistema, afirmando que las declaraciones del ministro reflejan un preocupante desconocimiento de aspectos esenciales del funcionamiento de Gendarmería de Chile, especialmente en materia de formación, malla curricular y condiciones reales en que se desempeñan los funcionarios .
La organización añadió que la utilización del concepto de sabotaje no solo afecta la honra institucional, sino que también desatiende las brechas estructurales existentes, tales como déficit de dotación, sobrecarga laboral y falta de capacitación , factores que según sostienen inciden directamente en el desempeño del sistema penitenciario.
En esa línea, recalcaron que la responsabilidad política implica liderazgo, conocimiento técnico y control estratégico del sistema que se administra , advirtiendo que la ausencia de estos elementos debilita la institucionalidad y repercute en quienes trabajan en condiciones complejas.
Por ello, el gremio concluyó que la actual conducción ha perdido legitimidad técnica e institucional y solicitó que el ministro asuma su responsabilidad política y dé un paso al costado en resguardo del sistema penitenciario y de la dignidad de sus funcionarios y funcionarias .
Mientras se profundiza la controversia, desde el Ministerio Público confirmaron el inicio de una investigación destinada a determinar eventuales responsabilidades penales en la liberación indebida de internos, en un escenario que mantiene bajo presión a las autoridades del sector Justicia.