Santiago 29 Ene. (ATON) -
La Comisión de Constitución respaldó en general la idea de legislar y se abrió plazo hasta el 3 de marzo para presentar indicaciones a la reforma constitucional.
La Comisión de Constitución del Senado aprobó la idea de legislar de la reforma constitucional que modifica la carta fundamental para incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública.
Dado que la instancia está autorizada por la sala a analizar en general y en particular la iniciativa, se fijó plazo hasta el 3 de marzo para presentar indicaciones.
En lo fundamental, se busca reconocer el rol estratégico de Gendarmería en la seguridad pública, para lo cual se le asigna un rol similar al de Carabineros y la PDI en lo relativo a contribuir a garantizar el orden público.
La reforma no solo redefine la dependencia institucional de Gendarmería de Chile, trasladándola desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos al Ministerio de Seguridad Pública, sino que también genera efectos inmediatos en el régimen jurídico aplicable a su personal.
Con la incorporación a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de Gendarmería y se regula la figura del directo nacional de Gendarmería de Chile en relación con las otras autoridades superiores de las instituciones que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciéndose a su respecto una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.
La iniciativa dispone que, en un plazo de doce meses contados desde la publicación de esta reforma constitucional, el Presidente de la República envíe al Congreso Nacional un proyecto de ley que cree un servicio especializado en la reinserción social de las personas.
No obstante, mientras no se dicte la ley que cree ese servicio Gendarmería de Chile continuará desarrollando la función de reinserción social.
En este sentido, se establece que mientras esa labor sea ejecutada por Gendarmería de Chile, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos mantendrá la prerrogativa relativa a la formulación de políticas, planes y programas en materia de reinserción social, los que deberán ajustarse y ejecutarse de conformidad con la Política Nacional de Seguridad Pública.