Santiago 18 Abr. (ATON) -
El sujeto fue formalizado por amenazas, lesiones y atentado contra la autoridad.
Con medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas quedó el imputado por la agresión al alcalde de San Bernardo, Cristopher White, en un caso que generó preocupación por la seguridad en operativos municipales.
El hecho se remonta al pasado 15 de abril, cuando el jefe comunal, junto a su equipo, participaba en un operativo de retiro de escombros en la Villa Don Bosco. En ese contexto, se produjo un incidente con vecinos del sector, que terminó con agresiones hacia el alcalde, funcionarios municipales y daños a vehículos.
Producto de la situación, el edil y parte de su equipo debieron ser trasladados a un centro de salud para constatar lesiones.
Días más tarde, personal especializado de Carabineros logró la detención del presunto responsable, quien fue formalizado por los delitos de amenazas, lesiones menos graves, atentado contra la autoridad y daños.
Según consigna radio Bio Bio, desde la parte querellante manifestaron su disconformidad con las medidas decretadas. No estamos conformes del todo con la medida cautelar , señaló la abogada Catarina Correa, quien explicó que solicitaban prisión preventiva debido al contexto en que ocurrió el hecho.
En esa línea, agregó que nosotros sí solicitábamos la medida de mayor intensidad, que es la prisión preventiva , argumentando que situaciones como estas no serían aisladas en la comuna.
No obstante, también reconoció que las medidas impuestas cumplen con los objetivos del proceso en esta etapa. No podemos negar que la medida cautelar de arresto total y de prohibición de acercamiento a las víctimas ( ) es una medida que cumple con los fines actuales del procedimiento , indicó.
Por su parte, la defensa del imputado adelantó que buscará modificar la cautelar. El abogado Ignacio Lagos explicó que intentarán rebajar el arresto domiciliario total a uno nocturno, con el fin de permitir que su representado retome sus actividades laborales.
Cabe señalar que el imputado cuenta con antecedentes previos por el delito de receptación, por el cual se encontraba cumpliendo condena desde 2025.
El tribunal, en tanto, fijó un plazo de 90 días para la investigación, periodo en el que se espera reunir mayores antecedentes y determinar eventuales responsabilidades adicionales en el caso.