Santiago 6 Feb. (ATON) -
La compañía sostiene que la modificación del régimen vigente hasta 2032 afectó inversiones, empleo y sostenibilidad financiera.
La disputa judicial por el nuevo marco regulatorio del sector pesquero suma un nuevo capítulo luego de que la empresa Blumar decidiera presentar una demanda contra el Estado de Chile, a raíz de la entrada en vigencia de la Ley de Fraccionamiento Pesquero promulgada en 2025. La compañía sostiene que la normativa modificó de manera anticipada el régimen establecido en 2013, el cual fijaba condiciones de operación y distribución de cuotas proyectadas hasta 2032, sin contemplar compensaciones frente a eventuales cambios.
De acuerdo con lo planteado por la firma, el estatuto aprobado hace más de una década implicó una modernización significativa del sistema pesquero nacional. En ese contexto, el sector industrial habría renunciado a autorizaciones indefinidas para acogerse a un esquema de licencias con vigencia limitada y condiciones definidas por veinte años, lo que promovía un uso sostenible de los recursos bajo reglas claras. Ese marco regulatorio, indicaron, sustentó decisiones de inversión, empleo y desarrollo regional tras procesos de diálogo impulsados por el propio Estado.
Sin embargo, la nueva legislación altera dichas condiciones antes del plazo comprometido y sin mecanismos de indemnización, lo que a juicio de la empresa "configura una afectación patrimonial grave, equivalente a una expropiación regulatoria, lo que vulnera principios esenciales de seguridad jurídica que el Estado debe garantizar".
En relación con las consecuencias económicas, Blumar señaló que los efectos están siendo analizados por especialistas independientes, considerando la reducción anticipada de cuotas, la afectación de derechos previamente otorgados y nuevas cargas financieras derivadas del cambio legal. De forma preliminar, esos estudios estiman un perjuicio cercano a los US$216 millones, cifra que, según advirtieron, "compromete la sostenibilidad de la compañía y sus planes de inversión futura".
Entre los proyectos impactados se encuentra el desarrollo del jurel destinado a consumo humano en la Región del Biobío, recurso que sería uno de los más afectados por el nuevo fraccionamiento. En particular, la empresa informó que debió reevaluar una inversión cercana a US$45 millones en la comuna de Coronel, iniciativa que contemplaba la generación de 250 empleos directos e indirectos.
Frente a este escenario, desde la compañía afirmaron que "somos una empresa responsable, seria y profesional. Debemos proteger no sólo los intereses de nuestros accionistas, sino que especialmente los de nuestros trabajadores y los de las comunidades donde operamos; cuando se alteran unilateralmente reglas establecidas por ley, el camino institucional es ejercer las acciones que nuestro ordenamiento contempla".
La acción judicial de Blumar se suma así a otras presentaciones realizadas por actores del sector industrial, en medio de un debate creciente por los efectos económicos y regulatorios del nuevo esquema de fraccionamiento pesquero.