Santiago 4 Mar. (ATON) -
La decisión se adoptó luego de recibir al ministro Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (uno de los afectados con la sanción de EE.UU.), y al canciller Alberto Van Klaveren.
La Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados respaldó un acuerdo para manifestar un reproche por la sanción impuesta por el Gobierno de Estados Unidos a tres funcionarios del Estado de Chile, en el contexto del proyecto de cable submarino Chile-China Express.
La decisión se adoptó luego de recibir al ministro Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz (uno de los afectados con la sanción de EE.UU.), y al canciller Alberto Van Klaveren. Ambos participaron en la sesión para referirse al estado de avance del citado proyecto y a la revocación de las visas.
El documento, que se encuentra en elaboración, busca expresar una queja contra la sanción impuesta por el país del norte, la cual se estimó arbitraria.
La petición para respaldar el reproche la realizó el diputado Raúl Soto (PS), quien manifestó, al igual que la mayoría de los legisladores, su solidaridad con el secretario de Estado. Es una sanción injusta y unilateral de EE.UU., de carácter personal, por una decisión de Estado de Chile , expresó, en referencia al proyecto de cable submarino que se encuentra en evaluación.
En la sesión, el ministro Muñoz explicó la importancia de los cables submarinos existentes. Estimó que son trascendentales para la transferencia de datos de manera robusta y eficiente. Asimismo, dijo que la estrategia de distintos gobiernos ha sido convertir a Chile en un Hub digital.
Sobre la posibilidad de tener un cable submarino con China, que conecte Hong Kong y Concón, comentó que, por el momento, no existe nada que conecte América del Sur con Asia.
También informó que el proyecto es una solicitud de un consorcio de empresas chinas que se presentó el 26 de noviembre. Esta petición debía contar con 13 permisos sectoriales, de los cuales, el primero, correspondía a la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel). Al respecto, se hicieron observaciones técnicas a la empresa el 19 de diciembre y el 8 de enero llegó la respuesta de la empresa.
Muñoz agregó que, a fines de enero, se firmó el decreto de la Subtel, pero alertó que faltaba la toma de razón de la Contraloría. Sin embargo, fue advertido por un funcionario de la embajada de EE.UU. del riesgo para la seguridad de ese país y de Chile. Según se habría planteado, había evidencia de ciberataques de China, principalmente, a empresas de telecomunicaciones.
Además, dijo que se informó sobre el tema al Presidente Gabriel Boric, tras lo cual se decidió dejar sin efecto el citado decreto de la Subtel. A su vez, se determinó instruir a organismos del Estado en materia de seguridad recopilar antecedentes sobre una posible afectación a la seguridad nacional.
Posterior a ello, el 2 de febrero, recibió la visita del embajador de EE.UU. y la llamada de un subsecretario del dicho país, quienes reiteraron el riesgo para la seguridad en caso de continuar con el proyecto de cable submarino con China. Ante esto, dijo que se respondió que el proyecto estaba en evaluación y que somos un país soberano con una institucionalidad funcionando.
Después de dichas conversaciones, comentó que recibió dos correos de la embajada de EE.UU. que informaban la revocación de su visa diplomática.
CANCILLERÍA
En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto Van Klaveren, informó que el proyecto de cable submarino con China surgió en 2016, con un memorándum de entendimiento con ese país durante el Gobierno de Michelle Bachelet.
Agregó que el proyecto original era entre Shangai y Chile, el que luego se realizó con Australia. Esto, porque Estados Unidos objetó el proyecto original durante el primer Gobierno de Donald Trump.
Agregó que los cables submarinos son parte de una disputa global y la política de Chile ha sido mantenerse al margen en el conflicto de sus dos socios principales. Empero, reconoció que el ambiente actual lleva a no eludir esa disputa.
Alertó que Chile no cuenta con una institucionalidad adecuada para enfrentar estos temas. Planteó que no existe una instancia de evaluación de inversiones y mecanismos para calificar la seguridad nacional y de otros países. No hay una normativa moderna en inteligencia, expresó.
Val Kaveren agregó que las reservas de otros países en proyectos relacionados a infraestructura crítica son válidas y legítimas cuando se relacionan a la seguridad del país o de competencia comercial. Por ello, consideró que el proyecto continúe en evaluación es bienvenido, dada la complejidad del tema.