Santiago 1 Abr. (ATON) -
Según antecedentes policiales, la organización criminal operaría desde 2023 y estaría integrada por cinco funcionarios de la Municipalidad de esa comuna y otras personas que reciben pagos de interesados en adquirir licencias de conducir a cambio de una serie de gestiones irregulares.
Son siete los detenidos hasta el momento en el marco de una investigación que desbarató una organización criminal integrada por funcionarios de la Municipalidad de la Isla de Maipo y particulares para vender licencias de conducir
Según publicó Emol, esta asociación cobraba hasta $500 mil por los documentos de conducción y están siendo investigados por los delitos de asociación criminal, infracciones a la Ley de Tránsito, falsificación y uso malicioso de documentos públicos.
Según antecedentes policiales, la organización criminal operaría desde 2023 y estaría integrada por cinco funcionarios públicos y otras personas que reciben pagos de interesados en adquirir licencias de conducir a cambio de una serie de gestiones irregulares.
En el marco de las diligencias, se contempló un operativo de registro simultáneo de dependencias del municipio como los departamentos de Tránsito, y Administración y Finanzas, además de 10 domicilios particulares en la comuna y otro inmueble en Talagante.
La investigación es liderada por la fiscal jefa de Talagante, Tania Sironvalle, en conjunto con la fiscal Gabriela Miranda.
En tanto, el operativo estuvo a cargo del OS-9 de Carabineros junto a personal del GOPE.
En el marco de la investigación se revelaron las gestiones que realizaba la red compuesta por funcionarios del municipio de la comuna sur de la capital.
Entre ellas, se encuentran que rendían exámenes teóricos por los interesados y en algunos casos les permitían "saltarse" los exámenes prácticos en los procesos.
A ello se suma que ayudaban proporcionando domicilios falsos en la comuna y también que, ante los tiempos prolongados de espera, adelantaban la fecha para hacer el trámite de obtención de la licencia.
Además, contactaban intermediarios para obtener certificados de aprobación de cursos tanto de estudios como de conducción.
Testigos reservados de la investigación declararon haber obtenido la licencia de conducir por $400.000 en caso de contar con certificado de estudios, mientras que el valor subía a $500.000 si no poseían dicho documento.
Las diligencias también constataron que en algunos casos eliminaban a los interesados del Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos para que pudieran obtener la licencia de conducir.