Santiago 5 Mar. (ATON) -
La comisión determinó que hubo improvisación y desprolijidad en la fallida compraventa del inmueble. A su vez, acusa impunidad política por parte del Gobierno.
La Sala de la Cámara de Diputados aprobó, por 66 votos a favor, 42 en contra y 6 abstenciones, el informe de la comisión investigadora encargada de reunir antecedentes en relación al proceso de adquisición por el Fisco de Chile de la casa del expresidente, Salvador Allende.
El documento plantea que la fallida transacción estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas. También afirma que, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria. En este sentido, sostiene que existió un cambio abrupto y poco transparente en la finalidad original de gasto público autorizado por el Congreso Nacional.
Según agrega el informe, se traspasaron recursos desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para una compra destinada a un fin museológico del inmueble, a la cartera de Bienes Nacionales, por su expertise en asuntos inmobiliarios. Sin embargo, se efectuó una modificación presupuestaria de forma interna mediante instrucción presidencial.
De ahí que se estima que hubo ausencia de un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para la retasación de bienes inmuebles, cuando existe una discrepancia entre tasaciones públicas y privadas. Al respecto, advierte la ausencia de documentación formal y la evidente opacidad con que se adoptaron decisiones cruciales al más alto nivel político y administrativo del Estado .
El informe, igualmente, postula que la compraventa de la casa de Salvador Allende no es solo una operación destinada a honrar el legado de un expresidente. Sino que, también, constituye una operación económicamente beneficiosa para su familia .
ROL PRESIDENCIAL Y PROPUESTAS
Sobre el papel del Presidente Gabriel Boric, el documento dice que hubo un intento explícito de eximirse de responsabilidad, al sostener que desconocía las potenciales inhabilidades constitucionales que rodeaban la adquisición. Esto, según sostuvo en su oficio de respuesta a la instancia.
Es así que el informe considera que actuó en pro de su inmunidad política, al tiempo que calificó su respuesta como inaceptable, comprendiendo su rol de jefe de Estado .
Además, critica la labor de los asesores presidenciales por su desprolijidad en la entrega de información al Mandatario y a la jefa de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres), que no alertó sobre el conflicto de interés dada la participación de autoridades constitucionales, a diferencia del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural y del Ministerio de Bienes Nacionales.
En materia de propuestas, el informe pide revisar y regular el funcionamiento institucional del Segundo Piso de la Moneda. De igual modo, se observa la necesidad de documentar toda la comunicación e información de los asesores presidenciales.
También se pidió urgencia al proyecto que modifica la Ley 18.834, que aprueba el Estatuto Administrativo. Esto, para perseguir la responsabilidad administrativa de funcionarios que cesen en sus funciones.
INTERVENCIONES
En el debate participó el diputado Luis Sánchez -quien además entregó el informe en la Sala-. En su alocución, consideró que hubo una trampa del Gobierno del Presidente Boric , ya que en el marco de la investigación hubo funcionarios que renunciaron antes de comparecer en la comisión. Dicho punto lo calificó como escándalo y fraude a la buena fe , en la relación entre los poderes Legislativo y Ejecutivo.
Destacó que una de las propuestas del informe es que se dé celeridad a las iniciativas que modifican la Ley Orgánica del Congreso Nacional. La idea es promover la comparecencia obligatoria de los exfuncionarios de Gobierno que sean citados a declarar a las comisiones especiales investigadoras sobre aspectos que conocieron o en que fueron partícipes mientras cumplían su función.
Por su parte, Roberto Arroyo indicó que el caso de la compra de la casa del Presidente Allende no es sólo un error administrativo, sino una cadena de negligencias políticas, jurídicas y administrativas dentro del Estado.
Planteó que hubo inhabilidades constitucionales evidentes y advertencias de algunos organismos que no fueron escuchadas. Dicha situación, planteó, ocasionó una crisis institucional que hizo caer a la ministra de Defensa, Maya Fernández; y que el Tribunal Constitucional destituyera a la senadora Isabel Allende.