Santiago 25 Abr. (ATON) -
La acción presentada por el Ministerio de Seguridad suma la invocación de la Ley de Seguridad del Estado y busca revertir el rechazo a la prisión preventiva de los imputados.
El Gobierno decidió endurecer su ofensiva judicial por la agresión que afectó a la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao, en la Universidad Austral de Chile, al ampliar la querella presentada e invocar la Ley de Seguridad del Estado, además de insistir en la solicitud de prisión preventiva para los imputados.
El lunes pasado fueron formalizados Pablo Vásquez, Joaquín Monje y María Jesús Madariaga por los hechos registrados a comienzos de abril. En esa audiencia quedaron sujetos a las medidas cautelares de prohibición de acercarse a la víctima y firma quincenal.
Sin embargo, durante la instancia el abogado Joaquín Pizarro, representante del Ministerio de Seguridad, adelantó que se analizaba ampliar la acción penal bajo la tesis de que el delito no solo correspondería a un atentado contra la autoridad, sino también podría configurarse un secuestro.
La nueva presentación se concretó esta semana. En ella, la cartera encabezada por la ministra Trinidad Steinert resolvió además invocar la Ley de Seguridad del Estado, herramienta jurídica utilizada en situaciones excepcionales.
Según el escrito, la secretaria de Estado permaneció cerca de dos horas al interior del Aula Magna sin poder abandonar el lugar, debido a manifestaciones en su contra y al bloqueo de los accesos por parte de estudiantes. El Ejecutivo sostiene que aquello buscaba privar de libertad, para así arrancar decisiones e imponer exigencias debido al cargo que ostenta la autoridad referida .
La ampliación de la querella fue declarada admisible el 22 de abril por el juez Fabián Duffau y será parte de los antecedentes que deberá revisar la Corte de Apelaciones de Valdivia, instancia donde también se apeló a la negativa inicial de decretar prisión preventiva para los acusados.
En paralelo, la investigación desarrollada por la Policía de Investigaciones de Chile y la Fiscalía Regional de Los Ríos ya había establecido que los universitarios formalizados gritaron improperios, empujaron y lanzaron agua a la ministra, quien finalmente abandonó el lugar con apoyo de funcionarios policiales y de la Armada.