Santiago 14 Ene. (ATON) -
El Ministerio del Interior, en tanto, aclaró que la pensión de gracia que supuestamente se le habría otorgado a uno de los imputados por agresiones con arma de fuego a Carabineros en el proceso de desalojo, nunca se concretó, porque el trámite no se completó.
El Juzgado de Garantía de San Antonio decretó este miércoles 14 de enero la prisión preventiva de dos adultos y la internación provisoria de un adolescente, además de arresto domiciliario nocturno para otros tres imputados.
Todos fueron formalizados por su presunta participación en el delito de homicidio frustrado contra carabineros, además de porte de arma prohibida, porte de municiones y disparos injustificados, ilícitos ocurridos durante el desalojo de la megatoma de Cerro Centinela.
LA AUDIENCIA
En la audiencia de formalización, el magistrado Javier Arenas acogió la solicitud de la Fiscalía y ordenó prisión preventiva para Bryan Serrano Godoy y Gianfranco Echeverría Undurraga, junto con la internación provisoria de un adolescente.
El juez sostuvo que el cúmulo de estos antecedentes da en cuenta que el día 13 de enero del año 2026, en horas de la mañana y acercándose al mediodía en el sector de Pelancura de San Antonio, mientras personal de Carabineros de Chile ejecutaba una orden judicial de desalojo de una toma irregular y adoptaba medidas de control de orden público, que en todo caso constituye un hecho público notorio, dos funcionarios policiales resultaron víctimas de disparos de armas de fuego en el ejercicio de sus funciones, atacados por un grupo de personas entre las que se encontraban los imputados .
Agregó que la prueba documental acredita que ambos Carabineros recibieron impactos balísticos mientras cumplían su labor, circunstancia que no ha sido controvertida en todo caso por las defensas. Sobre esa base se tiene por justificada la existencia del delito de homicidio frustrado, en perjuicio de dos Carabineros de Chile, como también del delito de disparos injustificados. También los delitos de tenencia de arma prohibida y de porte de municiones, al ser hallados en poder de algunos de los imputados .
OTRAS MEDIDAS CAUTELARES
El magistrado dispuso además arraigo nacional y arresto domiciliario nocturno para Luis Borges Muñoz, Verónica Basaure De la Fuente y otro adolescente, al estimar que los antecedentes no permiten presumir fundadamente su participación en el delito de homicidio frustrado .
Los adultos imputados fueron trasladados al Complejo Penitenciario de Valparaíso y el adolescente al Centro de Internación de Limache. El plazo de investigación se fijó en 90 días.
LOS HECHOS
De acuerdo con el relato del Ministerio Público, el martes 13 de enero un grupo de seis imputados se reunió en una mediagua de la parcela trece con el objetivo de impedir el desalojo de la megatoma San Antonio. Portaban al menos tres armas de fuego: dos escopetas artesanales calibre 12 y una pistola 9 milímetros.
Con ellas, dispararon contra los efectivos policiales, provocando lesiones de gravedad a dos carabineros. En el procedimiento se incautaron además dos escopetas artesanales, cartuchos de proyectil múltiple y municiones de distintos calibres.
POLÉMICA POR PENSIÓN DE GRACIA
El gobierno entregó en la jornada de hoy un balance del proceso de desalojo de la megatoma de San Antonio. Fue el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien se refirió al caso del hombre detenido por disparar contra carabineros durante el operativo y que figuraba en el listado de posibles beneficiarios de pensión de gracia por el estallido social.
Ramos aclaró que efectivamente estaba dentro del listado de las personas que están susceptibles de recibir una pensión , pero subrayó: entendemos que no ha recibido la pensión, en ningún caso .
El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, también abordó el tema y precisó que el detenido no ha recibido la pensión porque no completó un trámite administrativo: Las personas tienen que firmar un documento respecto de la pensión que se les otorga, un trámite, y este no se realizó .
El subsecretario enfatizó que este tipo de indemnización debe ser revisada si el beneficiario comete delitos: Hay ciertos criterios que se tienen que aplicar mediante la justicia, que eso es lo que se está investigando ahora, que evidentemente haría que ese beneficio, esa indemnización, digamos, por cualquier tipo de daño, fuese ser analizable .