Santiago 14 Ene. (ATON) -
El Consejo de Defensa del Estado recordó en el escrito presentado que durante el estallido social de octubre de 2019 fueron atacados 544 cuarteles y que incluso la Iglesia San Borja fue incendiada pese a contar con medidas de protección.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una apelación contra la sentencia del 24° Juzgado Civil de Santiago que condenó al Fisco a pagar cerca de $500 millones a los dueños de la ex Fuente Alemana, tras acoger parcialmente una demanda por falta de servicio vinculada al estallido social de octubre de 2019.
Según informa La Tercera, la jueza Mónica Cortés Rosso había ordenado al Estado pagar $420 millones por lucro cesante y otros $55 millones por daño moral a miembros de la familia Siri, sumando un total de $475 millones. El fallo consideró que la ausencia de protección estatal permitió los daños sufridos por el tradicional local de Alameda.
ARGUMENTOS DEL CDE
El organismo calificó la sentencia como viciada y deficitaria , señalando que no establece con claridad cuál era la conducta exigible a Carabineros o al Ministerio del Interior. En su escrito, el CDE advirtió que el fallo convierte al Fisco en un asegurador universal , lo que se acerca a un modelo de responsabilidad objetiva que -según subrayó- no corresponde al ámbito de la responsabilidad estatal por falta de servicio.
El Consejo sostuvo que la presencia policial no garantiza evitar ataques, recordando que en ese periodo fueron atacados 544 cuarteles y que incluso la Iglesia San Borja fue incendiada pese a contar con medidas de protección.
Además, calificó el estallido como la crisis social más grave de los últimos 50 años , destacando que los recursos públicos son limitados y que su asignación responde a prioridades definidas por la administración.
LA APELACIÓN DE LA FAMILIA SIRI
En paralelo, la familia Siri también recurrió al tribunal de alzada. Su apelación busca ampliar la indemnización, solicitando incluir meses adicionales de lucro cesante (noviembre y diciembre de 2019, además de varios meses de 2020), sumar nuevos beneficiarios por daño moral y modificar el cálculo del impacto de la pandemia en las pérdidas.
Según su escrito, el monto actualizado de la compensación debería alcanzar los $924 millones, considerando reajustes y ampliación de los periodos de perjuicio económico.
PRÓXIMOS PASOS
Ambas apelaciones serán revisadas por la Corte de Apelaciones de Santiago, que deberá resolver si mantiene, modifica o revoca la sentencia de primera instancia.
El caso se enmarca en la discusión sobre la responsabilidad del Estado frente a los daños ocurridos durante el estallido social, un debate que sigue generando controversia en el ámbito judicial y político.