Santiago 11 Ene. (ATON) -
El operativo contempla el desalojo progresivo de 115 hectáreas y la expropiación de otras 100 para un proyecto habitacional.
Tras meses de tensión e incertidumbre, este lunes 12 de enero está previsto que comience el desalojo de los terrenos no expropiados de la megatoma ubicada en el cerro Centinela, en la comuna de San Antonio. El proceso, que afectaría a cerca de 2.000 familias que ocupan de forma irregular parcelas del sector, se enmarca en un fallo de la Corte Suprema y contempla una ejecución gradual en el territorio.
La medida considera la expropiación de 100 de las 215 hectáreas actualmente ocupadas, las que serán destinadas a un proyecto habitacional que beneficiaría a parte de los residentes. En paralelo, las 115 hectáreas restantes deberán ser desalojadas de manera progresiva. Este plan fue informado oficialmente a los habitantes el pasado 8 de enero, mediante la instalación de carteles en distintos puntos del terreno, donde se detalló el carácter escalonado del operativo.
El anuncio reactivó el debate político y abrió un nuevo flanco de controversia. Mientras desde la oposición surgieron críticas a la ejecución del desalojo, en el oficialismo se han planteado llamados a la cautela, especialmente considerando que aún existen acciones judiciales en curso que podrían incidir en el desarrollo del procedimiento.
Ese mismo 8 de enero se presentó un recurso de protección contra la Delegación Presidencial Provincial de San Antonio y la Inmobiliaria y Constructora San Antonio S.A.. La acción fue interpuesta por una residente del sector que actúa sin patrocinio legal y que asegura vivir de forma continua y pacífica en la parcela 15 desde hace más de tres décadas.
Según el recurso, la autoridad administrativa habría excedido sus atribuciones y desconocido resoluciones judiciales previas, entre ellas una sentencia del Segundo Juzgado de Letras de San Antonio dictada en 2013, la cual habría reconocido la posesión legítima de la recurrente. En ese contexto, se solicita suspender cualquier intervención de la fuerza pública hasta que un juicio de fondo determine la situación legal de los ocupantes.
Pese a ello, el operativo contempla un amplio despliegue de seguridad. El desalojo sería ejecutado por un contingente reforzado de Carabineros de Chile provenientes de Santiago e incluiría medidas extraordinarias como el uso de drones para la vigilancia aérea, la instalación de cercos y maquinaria en los predios, e incluso la evaluación de zanjas para evitar eventuales retomas.
De acuerdo con la planificación inicial, la primera etapa comenzaría en el sector 11, para luego avanzar hacia los sectores 13, 15 y Bosques del Mar. El procedimiento podría extenderse entre uno y tres meses, aunque algunas estimaciones de las autoridades no descartan que el proceso se prolongue hasta seis u ocho meses, dependiendo de las condiciones en terreno y del desarrollo de las acciones judiciales pendientes.