Santiago 13 Ene. (ATON) -
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta, Paula Benavides y el gerente de Estudios, Mario Arend, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el financiamiento del proyecto de ley de reajuste del sector público.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta, Paula Benavides y el gerente de Estudios, Mario Arend, expuso ante la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el financiamiento del proyecto de ley de reajuste del sector público.
En el marco de su mandato de contribuir al manejo responsable de la política fiscal, Benavides resaltó que presiones sobre el gasto público que no hayan sido previstas en la Ley de Presupuestos podrían generar riesgo de incumplimiento de las metas fiscales.
También subrayó que el CFA no emite una opinión sobre el mérito de una determinada política pública o prioridad de gasto, sino que examina sus efectos fiscales y financiamiento acorde a la sostenibilidad fiscal.
A la vez, Benavides sostuvo que el Consejo advirtió en octubre pasado, cuando presentó su informe semestral al Congreso, que el Proyecto de Ley de Presupuestos 2026 no contemplaba un ajuste por inflación esperada en el subtítulo 21 de gasto en personal, agregando que cualquier medida adicional que se adoptara debía enmarcarse en los límites del presupuesto aprobado, a fin de resguardar la meta de Balance Estructural (BE) de 2026.
De no materializarse dicho esfuerzo, se generaría presión sobre el resto del presupuesto, comprometiendo el cumplimiento de la meta fiscal correspondiente , dijo la presidenta del CFA.
Respecto al costo fiscal del proyecto, Benavides detalló que, según la información aportada por el Ministerio de Hacienda, es de US$1.668 millones (1,7% del gasto público aprobado).
De este, US$876 millones están asociados al reajuste de remuneraciones y subvenciones, representando el 52% del costo total estimado. Los restantes US$793 millones están destinados a financiar beneficios adicionales (48% del costo estimado), tales como bonos y aguinaldos del sector pasivo, cotizaciones del empleador para Atención Primaria de Salud (APS) e incentivos al retiro, entre otros , señaló.
En base a las cifras expuestas, Benavides aseguró que el CFA estima, según antecedentes entregados por el Ministerio de Hacienda, que para financiar el reajuste del sector público de 2026, se requerirá un financiamiento adicional de, aproximadamente, US$822 millones respecto de las fuentes identificadas, lo que es un esfuerzo exigente .
Además, dijo que el financiamiento adicional requerido para cubrir esa brecha debería provenir de reasignaciones y/o de un mayor uso de las provisiones.
Al término de su presentación, Benavides subrayó que el proyecto de reajuste involucra gastos permanentes, lo que introduce presiones de igual naturaleza, por lo que las fuentes de financiamiento deben ser permanentes, lo que no se da, por ejemplo, en el diferimiento de contrataciones .
También recalcó que la heterogeneidad y cantidad de normas misceláneas del proyecto de reajuste eleva el riesgo de efectos fiscales no previstos o de imprecisiones en su estimación, especialmente dadas las restricciones de tiempo para su análisis durante la tramitación legislativa.
Además, sostuvo que el Consejo advierte que el proyecto de ley de reajuste 2026 se formula en un escenario de estrés fiscal, caracterizado por déficit estructurales persistentes, incumplimientos de las metas de balance estructural, un nivel de deuda bruta cercano al nivel prudente y un bajo nivel de activos en el Fondo de Estabilización Económica y Social, entre otros .
Y, en ese contexto, que el CFA recomienda que la Dirección de Presupuesto explicite detalladamente las fuentes de financiamiento adicionales del reajuste, ya sea mediante reasignaciones presupuestarias y un mayor uso de las provisiones del Tesoro Público.