Santiago 26 Mar. (ATON) -
Con las estimaciones vigentes para 2026, el CFA advierte que se concretaría el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), el que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales.
Con el objetivo de entregar una visión integral del panorama actual de las finanzas públicas y de sus perspectivas futuras, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) analizó las proyecciones fiscales para el período 2026-2030, elaboradas por la Dirección de Presupuestos (Dipres) en su Informe de Finanzas Públicas (IFP) del cuarto trimestre de 2025.
En este contexto, con las estimaciones vigentes para 2026, el CFA advierte que se concretaría el cuarto incumplimiento consecutivo de la meta de Balance Estructural (BE), el que incluso podría ser de un nivel mayor a lo proyectado debido a riesgos de desviaciones en los ingresos y gastos fiscales.
Así, el Consejo plantea recomendaciones para mitigarlos, y destaca que las metas fiscales que la nueva administración deberá definir en los primeros 90 días de su mandato serán una base para lograr la convergencia hacia el equilibrio estructural, preservar un nivel de deuda por debajo del nivel prudente 45% del PIB y generar una estrategia para recomponer los activos del Tesoro Público.
Concretamente, el Consejo señala que la Dipres proyecta en su último IFP un incumplimiento de la meta de BE vigente para 2026 que, de materializarse, sería el cuarto incumplimiento consecutivo. En detalle, remarca que las cifras proyectadas para 2026 consideran ingresos efectivos de 22,0% del PIB y estructurales de 21,2% del PIB, ambos inferiores al gasto total de 23,8% del PIB.
Esta combinación tiene como resultado un balance fiscal efectivo de -1,8% del PIB y un BE de -2,7% del PIB, cifra significativamente más deficitaria que la meta vigente de -1,1% del PIB , dice el CFA, alertando que el escenario proyectado en el IFP4T25 muestra un desvío de la meta de BE por US$6.313 millones (1,6% del PIB), lo que podría traducirse en mayores requerimientos de financiamiento .
RIESGOS PARA INGRESOS FISCALES
En cuanto a las proyecciones de ingresos fiscales, el Consejo advierte que existen riesgos relevantes para su materialización, ya que se contemplan nuevamente crecimientos elevados respecto a la evolución estimada de la actividad económica, lo que introduce incertidumbre respecto de su cumplimiento efectivo .
Entre los riesgos, destaca el efecto del Impuesto Sustitutivo de Impuestos Finales (ISIF), cuya activación puede reducir la base imponible futura y, con ello, alterar la trayectoria esperada de los ingresos tributarios. Asimismo, el CFA advierte que la Ley de Cumplimiento Tributario (LCT) proyecta para 2026 una recaudación particularmente exigente en comparación con lo reseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Respecto a la reciente intensificación del conflicto en Medio Oriente, el CFA alerta que el aumento del precio del petróleo podría traducirse en presiones sobre el balance fiscal, en medio de un deterioro del escenario macroeconómico global, con efectos adversos sobre el desempeño de los ingresos fiscales. Adicionalmente, este aumento podría generar presiones inflacionarias, con distintos efectos directos e indirectos sobre las cuentas fiscales y las personas .
En materia de gasto, el gobierno proyecta una desaceleración en 2026 con un crecimiento real de 1,7%, por debajo del 3,5% observado en 2025. Sin embargo, el Consejo observa presiones de gasto derivadas de la Ley de Reajuste del Sector Público, que implica un mayor gasto fiscal equivalente a 0,45% del PIB para 2026 (US$1.668 millones) que no cuenta con financiamiento plenamente identificado.
Asimismo, el CFA sostiene que en el mediano plazo persisten presiones relevantes sobre el gasto público. Cabe destacar que la metodología de proyección financiera de mediano plazo no busca anticipar todos los gastos probables, sino que se construye sobre la base de gastos ya comprometidos, con el objetivo de identificar holguras presupuestarias y necesidades de financiamiento o de ajuste consistentes con las metas fiscales del gobierno , indica.
En ese sentido, el Consejo explica que sus resultados no deben interpretarse como una proyección completa del gasto futuro, sino más bien como un indicador de las presiones fiscales bajo supuestos determinados.
Respecto al periodo 2027-2030, el CFA subraya que en el IFP del cuarto trimestre de 2025 Dipres proyecta una persistencia de déficits estructurales que se reduciría gradualmente, pero sin converger hacia el equilibrio (-1,1% en 2030), y dejando un nulo espacio de gasto adicional respecto de lo ya comprometido para mediano plazo. Y sostiene que además esto iría acompañado de un incremento de la deuda bruta hacia el final del período a un 43,4% del PIB, acercándose al nivel prudente de 45%.
Además, destaca que el escenario proyectado considera una progresiva disminución de los activos del Tesoro Público, actualmente en niveles muy inferiores a los recomendados por el FMI, lo que limita la capacidad de respuesta ante eventuales crisis que impacten negativamente a las finanzas públicas o aumenten los costos de financiamiento.
También el Consejo recalca que el escenario de mediano plazo proyectado en el último IFP no considera la existencia de riesgos relevantes para la materialización de las proyecciones de ingresos, ni presiones de gasto adicionales a las ya comprometidas, que podrían ampliar las necesidades de financiamiento y, con ello, intensificar el riesgo de sobrepasar el nivel prudente de deuda .
De esta forma, el CFA reitera que la estabilización de la deuda bruta por debajo de su nivel prudente de 45% del PIB requiere de una trayectoria de BE que converja hacia un equilibrio en el mediano plazo, mientras que, para llevar a cabo una recomposición del Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) y el Fondo de Reserva de Pensiones (FRP) se debería avanzar hacia superávits fiscales. Por lo tanto, enfatiza que se requeriría de un esfuerzo significativo para lograr una convergencia fiscal articulando de manera equilibrada nuevas fuentes de financiamiento.
RECOMENDACIONES
En base a su análisis, el Consejo presenta al gobierno 10 medidas para fortalecer la sostenibilidad de las finanzas públicas. Estas son:
- Materializar una senda de convergencia fiscal hacia un equilibrio estructural que sea realista, pero exigente, orientada a cumplir las metas fiscales que se establezcan, y consistente con asegurar una trayectoria de la deuda pública que se estabilice por debajo su nivel prudente, en 45% del PIB. De igual manera, el Consejo resalta nuevamente la necesidad de un acuerdo amplio en pos de la sostenibilidad fiscal, que incluya al Ejecutivo y al Congreso, para mantener y fortalecer la credibilidad de la regla fiscal.
- Mejorar la estimación y el monitoreo de los ingresos fiscales para reducir sesgos en sus proyecciones. El Consejo considera fundamental corregir las falencias en las proyecciones de ingresos fiscales, que han evidenciado sobreestimaciones reiteradas que se han traducido en mayores niveles de gasto público compatible con las metas de BE e incumplimiento de metas. En particular, recomienda fortalecer los procesos de estimación y monitoreo de los ingresos fiscales, incorporando mecanismos formales de evaluación de errores de proyección y análisis sistemáticos de los determinantes de la recaudación
- Frente a desvíos de la meta, asegurar mecanismos de corrección oportunos, ejecutables y monitoreables. Asimismo, el CFA reconoce que determinadas acciones requieren procesos legislativos que pueden extenderse más allá de un ejercicio presupuestario, casos en que sus eventuales efectos fiscales no debieran incorporarse en las proyecciones hasta que las respectivas reformas hayan sido aprobadas .
- Articular de manera equilibrada cuatro fuentes de financiamiento para la consolidación fiscal de mediano plazo: i) mayor crecimiento tendencial, ii) ganancias de eficiencia permanente en los gastos, iii) reducción de evasión y elusión tributaria y iv) nuevos ingresos tributarios.
- Establecer ajustes de gastos o ingresos que permitan mejorar el balance fiscal de manera permanente.
Elaborar un diagnóstico integral y fortalecer el marco fiscal de mediano plazo. Para ello sugiere una revisión de complementos a la metodología de la programación financiera de mediano plazo, ya que esta incorpora sólo los gastos comprometidos, sin considerar gastos probables.
- Realizar de manera integral e idealmente en una única instancia, los ajustes metodológicos necesarios en la regla fiscal, a fin de evitar modificaciones frecuentes. Esto, considerando los desafíos en estabilidad y consistencia en el cálculo de los ingresos estructurales, especialmente en el ajuste cíclico de los ingresos del cobre y en el cálculo de los parámetros estructurales y la necesidad de fortalecer el marco de funcionamiento de la regla dual cuando el nivel de deuda se encuentra cercano al nivel prudente.
- Mantener el actual nivel de deuda prudente en 45% del PIB, ya que este umbral responde a factores estructurales de la economía chilena. El Consejo advierte que su modificación, sin cambios previos en esos factores, podría debilitar su rol disciplinario al facilitar la continuidad de déficits estructurales persistentes.
- Avanzar en estrategia de gradual de fortalecimiento del FEES, orientada a enfrentar eventuales crisis futuras, así como del FRP para abordar las presiones de gasto asociadas al proceso de envejecimiento de la población. De materializarse la proyección del precio del cobre de la Dipres, la cual muestra que dicho precio se mantendría por encima del precio de referencia hasta 2029, el Consejo considera que los mayores ingresos fiscales derivados de esa trayectoria no deberían traducirse en mayor gasto, sino que deberían orientarse prioritariamente hacia el ahorro o la reducción de deuda , dice en el informe.
- Incorporar el principio de cumplir o explicar respecto de sus recomendaciones de carácter no vinculante, con el propósito de fortalecer los estándares de rendición de cuentas. Así, cuando el CFA formule recomendaciones, el Ministerio de Hacienda o la Dipres debería pronunciarse formal y públicamente sobre su análisis. En caso de no acogerlas total o parcialmente, debería fundamentar las razones de la decisión.