Santiago 7 Ene. (ATON) -
En su presentación, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) insiste en la existencia de riesgos fiscales asociados al proyecto, y subraya la necesidad de que el gobierno realice análisis de sensibilidad y ejercicios de estrés a los supuestos utilizados.
El Consejo Fiscal Autónomo (CFA), representado por su presidenta, Paula Benavides, junto al vicepresidente, Sebastián Izquierdo, y el gerente de Estudios, Mario Arend, expuso hoy ante la comisión de Educación del Senado su último informe.
Este documento analiza los efectos y riesgos fiscales, además del registro contable y estadístico que implicaría la adopción del proyecto de ley que crea un nuevo instrumento de Financiamiento Público para Estudios de Nivel Superior (FES).
Benavides señaló que, para este análisis, el CFA considera varios antecedentes. Entre ellos, su informe sobre el impacto fiscal del Crédito con Aval del Estado (CAE), publicado en diciembre de 2024. En ese documento, el Consejo detalla cómo el CAE afecta las finanzas públicas e identifica debilidades en su registro contable.
En ese sentido, el CFA advierte que la situación financiera del CAE refleja un desequilibrio estructural significativo, con una tasa de morosidad que alcanzó un máximo histórico de 64,4% en 2024, por lo que valora la oportunidad de discutir alternativas para subsanar esta situación fiscal , dijo Benavides.
A la vez, planteó que no resulta adecuado considerar solo esos impactos como referencia para evaluar la procedencia fiscal del FES, sino que sus efectos en sí mismo como mecanismo de financiamiento.
Otro antecedente que el Consejo tuvo a la vista para realizar su análisis fue su informe preliminar sobre el FES de julio de 2025, en el que destaca: 1) la necesidad de que el Ejecutivo entregue mayores detalles acerca de las proyecciones fiscales del proyecto presentadas en sus informes financieros, 2) la existencia de incertidumbre en relación con la naturaleza fiscal del FES al clasificarlo como activo financiero, 3) la necesidad de corregir aspectos contables del CAE y 4) la necesidad de que el Ejecutivo simule escenarios alternativos de proyecciones para dimensionar riesgos fiscales.
Además, entre otros antecedentes, el Consejo consideró para su análisis un informe sobre la naturaleza fiscal del FES, elaborado por el consultor externo Héctor Hernández, experto con reconocida experiencia en estadísticas de finanzas públicas.
IMPACTO FISCAL
En su presentación, Benavides precisó que el ahorro fiscal neto respecto de la situación actual que estima la Dirección de Presupuestos (Dipres) en sus informes financieros, de $579.170 millones de pesos de 2025, se sustenta en medidas distintas al mecanismo del propio FES .
Y detalló que la mejora del FES respecto de las cifras fiscales del CAE se sustenta en la adopción de medidas complementarias al FES como: 1) la eliminación de las becas de arancel, 2) la postergación de la extensión de la gratuidad y la eliminación de becas de arancel, y 3) el plan de condonación y reorganización de deudas educativas.
En esa línea, la presidenta del CFA señaló que, considerado aisladamente, el mecanismo propio del FES presenta un efecto fiscal deficitario: El ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez es negativo en $358.500 millones de pesos de 2025 (0,09% del PIB) .
Y añadió que, en un horizonte de proyección más largo, de 74 años, el ahorro neto promedio anual del mecanismo propio del FES sería negativo en $118.391 millones de pesos de 2025 (0,03% del PIB) .
CATEGORIZACIÓN CONTABLE DEL FES
Sobre el aspecto contable del proyecto, Benavides sostuvo que, a diferencia de lo planteado por el Ejecutivo en sus informes financieros, el Consejo observa que el actual diseño del FES no cumple con las condiciones para ser considerado un activo financiero.
Por ello, dijo: Los desembolsos de este debiesen ser contabilizados como un gasto y sus contribuciones como un ingreso, ambos sobre la línea, es decir, con efecto patrimonial , añadiendo que el FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del fisco, o un pasivo financiero de los usuarios .
Asimismo, detalló los criterios metodológicos sugeridos para la constitución de un derecho financiero efectivo del gobierno sobre los beneficiarios de los mecanismos de financiamiento: (i) existencia de un compromiso contractual o legal; (ii) existencia de un monto inicial de la obligación (principal); (iii) existencia de una tasa de interés conocida aplicable a las obligaciones pendientes de pago; (iv) existencia de un plazo de repago conocido; y (v) valor conocido de las cuotas a pagar para saldar las obligaciones pendientes (principal e intereses).
Para realizar este análisis, Benavides enfatizó que el CFA considera: 1) la información de la Contraloría, entidad encargada de establecer, regular y supervisar la aplicación de las normas contables aplicables al sector público en Chile, y 2) el estudio del consultor externo del CFA Héctor Hernández.
RIESGOS FISCALES
Además, en su presentación, Benavides insistió en la existencia de riesgos relevantes para el resultado fiscal del proyecto y advirtió que las proyecciones incluidas en los informes financieros podrían variar si alguno de ellos se materializa.
Ciertos riesgos podrían reducir las contribuciones esperadas del FES o bien las entradas de recursos asociadas al plan de condonación bajo la línea, mientras que otros podrían implicar un mayor gasto , alertó.
Entre ellos, mencionó los siguientes riesgos: 1) mayor composición de estudiantes que no contribuyan, o bien, que contribuyan con montos bajos; 2) subestimación de los desembolsos asociados a aranceles regulados, detallando que el mayor crecimiento real de los aranceles regulados elevaría de forma permanente el gasto del FES, generando un costo fiscal adicional de largo plazo; y 3) otros riesgos vinculados a que tanto los ingresos del FES como algunos gastos contabilizados sobre la línea están expuestos a incertidumbre.
Así, Benavides destacó que el CFA solicitó a Dipres simulaciones respecto de distintos escenarios de riesgo, pero que solo algunos fueron desarrollados conforme a lo requerido.
En este contexto, el Consejo subraya que la incorporación sistemática de ejercicios de sensibilidad o de estrés, permitiría anticipar posibles desviaciones respecto del resultado fiscal proyectado y fortalecer la capacidad de mitigación ante riesgos de sostenibilidad de las finanzas públicas , dijo.
También destacó la conveniencia de que los informes financieros de los proyectos de ley de mayor relevancia fiscal consideren horizontes de análisis más extensos para evaluar adecuadamente sus efectos fiscales de largo plazo.