Santiago 26 Dic. (ATON) -
Un informa difundido este mes da cuenta de 73 servicios públicos con graves falencias en el control presupuestario.
Un millonario desorden financiero de $15,9 billones detectado por la Contraloría en servicios públicos derivó en una acción inmediata de Renovación Nacional: la bancada de diputados solicitó al fiscal nacional, Ángel Valencia, la designación de un fiscal con dedicación exclusiva o preferente -o bien un fiscal regional- para encabezar la investigación.
El informe, difundido en diciembre de 2025 por la contralora Dorothy Pérez, reveló graves falencias en el control presupuestario de 73 servicios públicos. Como consecuencia, el organismo se abstuvo de visar los estados financieros de cerca de 70 entidades y remitió los antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Los parlamentarios subrayaron que los ministerios de Defensa y Vivienda concentran el mayor volumen de recursos objetados, junto a Cenabast y diversos prestadores de salud. A juicio de la bancada, las inconsistencias podrían configurar delitos de corrupción, afectar el patrimonio fiscal e incluso abrir hipótesis de criminalidad organizada.
De allí la exigencia política: una investigación penal rigurosa. En su misiva, los diputados recalcan la necesidad de una investigación penal que permita esclarecer lo sucedido, perseguir a quienes resulten penalmente responsables y recuperar en la mayor medida posible los recursos mal empleados .