CHILE, 8 Jul (EUROPA PRESS)
El Gobierno chileno, liderado por el presidente Gabriel Boric, anunció la puesta en marcha de un plan para expropiar casi 117 hectáreas del sitio conocido como Colonia Dignidad, cuyo oscuro pasado bajo el régimen de Augusto Pinochet incluyó su uso como centro de detención, tortura y desaparición de opositores. El proyecto se centra en áreas clave como la casa del fundador Paul Schaefer -un ex suboficial nazi que se estableció en Chile tras huir de acusaciones de abuso sexual en Alemania-, así como otras instalaciones utilizadas para actos inhumanos contra prisioneros políticos y miembros de la colonia.
Jaime Gajardo, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció que "vamos a iniciar la expropiación de Colonia Dignidad" y resaltó la importancia de este acto como un paso hacia la concienciación y la enseñanza de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en el lugar. Este plan incluye transformar el área en un espacio de reflexión nacional, según señaló Carlos Montes, Ministro de Vivienda y Urbanismo, con el objetivo de recordar y educar sobre los horrores vividos para que las futuras generaciones puedan aprender de estas experiencias.
Sin embargo, la decisión no es bien recibida por los actuales habitantes de Villa Baviera, la comunidad que ahora ocupa el sitio. Han expresado su descontento y preocupación ante lo que ven como una revictimización por parte del Estado, considerando sus pasados traumáticos ligados al funcionamiento de la colonia bajo Schaefer. A pesar de reconocer la necesidad de conmemorar a las víctimas de las atrocidades perpetradas, lamentan su exclusión del proceso de expropiación, el cual, afirman, amenaza su modo de vida y sustento.
El anuncio marca un paso significativo en el camino de Chile hacia la reconciliación con su pasado, mientras busca maneras de honrar la memoria de aquellos que sufrieron en Colonia Dignidad. La iniciativa gubernamental, que tiene como objetivo concluir antes del término del mandato de Boric en marzo de 2026, refleja un compromiso continuo con la justicia y la reparación hacia las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura militar en el país.