CHILE, 2 Jun (EUROPA PRESS)
En un hito judicial sin precedentes, el Tribunal de Apelaciones de Santiago, a cargo del juez Alejandro Aguilar Brevis, procesó a los primeros individuos acusados de sustraer menores durante la dictadura de Augusto Pinochet, que tuvo lugar entre los años 1973 y 1990. Entre los encausados se encuentra la ex jueza Ivonne Gutiérrez Pávez, quien ahora enfrenta una solicitud de extradición a Israel presentada ante el Supremo. Esta medida se justifica bajo el Convenio Europeo de Extradición que entró en vigor el 1 de junio, debido a que Gutiérrez reside en dicho país, según informó la Policía De Investigaciones de Chile.
Los acusados, entre quienes se encuentran Ismael Moisés Espinoza León, Carlos Sigisfredo Vega Segura, Laura Rosa Silva Sánchez y Sylvia Clara Vilches Rojas, enfrentan cargos por la sustracción de menores y prevaricación dolosa, relacionados con la adopción irregular de dos niñas de San Fernando. Estas menores, hijas de "madres niñas", fueron entregadas a matrimonios extranjeros, una práctica que se reveló gracias a la cobertura del diario 'La Tercera'.
Este procesamiento marca la primera vez que se actúa judicialmente contra una red implicada en el robo de niños de familias de bajos recursos para su envío al extranjero. Según el juez Aguilar, en enero de 1983, Gutiérrez, junto con Espinoza León y Silva Sánchez, se apropiaron de una niña de tres años con el objetivo de venderla fuera del país. Este caso incluso implicó el inicio de un procedimiento judicial en el tribunal de la jueza Gutiérrez para facilitar la adopción internacional.
La acción delictiva no se limitó a este hecho, ya que también se autorizó la salida acelerada del país de otro niño, con destino a Estados Unidos, resaltando la finalidad lucrativa de la red, que apuntaba a obtener hasta 50.000 dólares estadounidenses por niño.
El magistrado desestimó una petición de prescripción de los delitos, argumentando que se tratan de delitos de lesa humanidad cometidos bajo un régimen militar, los cuales deben ser sancionados conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aguilar recalcó que los hechos investigados se dieron en un contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Este caso abre un nuevo capítulo en la justicia chilena, enfrentándose a las heridas aún abiertas de la dictadura de Pinochet.