Santiago 26 Abr. (ATON) -
Según la investigación, el imputado habría utilizado timbres notariales falsos, firmas adulteradas y demandas civiles para concretar el fraude.
La fiscal jefa de Alta Complejidad Centro Norte, Ximena Chong, prepara un nuevo paso judicial en la causa contra el abogado Sebastián Alarcón, acusado de liderar un esquema para cobrar dineros vinculados a personas fallecidas mediante la creación de falsas deudas.
El persecutor reformalizará al profesional el próximo 4 de mayo por el delito reiterado de obstrucción a la investigación, sumando así un nuevo frente penal a los cargos que ya enfrenta.
Alarcón permanece en prisión preventiva desde el 23 de marzo, por resolución del juez Patricio Álvarez, quien estimó que su libertad representaba un peligro para la seguridad de la sociedad y para el desarrollo de las diligencias.
En una primera audiencia, la Fiscalía lo formalizó por 15 delitos consumados de falsificación de instrumento privado mercantil, 15 delitos consumados de falsificación y uso de timbre de autoridad, además de un delito de estafa.
Según la investigación, el imputado habría diseñado una maniobra para detectar personas fallecidas que figuraban con fondos o bienes sin cobrar en listados de la Comisión para el Mercado Financiero.
En fechas indeterminadas, entre los años 2023, 2024 y 2025, el imputado identificó a personas fallecidas que figuraban con depósitos no reclamados en la lista de acreencias de la Comisión para el Mercado Financiero, para luego confeccionar a nombre de los mismos y con supuesta firma y huella de ellos, documentos falsos consistentes en pagarés y reconocimientos de deuda , sostuvo Chong durante la formalización.
De acuerdo con la fiscalía, en esos documentos se incorporaban fechas en que los supuestos deudores aún estaban vivos y antecedentes destinados a aparentar que las obligaciones seguían vigentes, buscando así evitar eventuales prescripciones.
Para ejecutar el plan, el abogado habría utilizado timbres y firmas notariales falsas, presentando posteriormente demandas civiles en representación de terceros para intentar cobrar los fondos retenidos.
La investigación también detectó la participación de otras dos personas, identificadas como Camilo Ramírez y Martina Ramírez, quienes habrían contactado a quienes reclamaban civilmente las supuestas deudas y entregaban patrocinio y poder al profesional.
Uno de los antecedentes más relevantes del caso indica que 15 de las 16 personas demandadas en estas acciones judiciales estaban fallecidas.
Además, en el teléfono del imputado se encontraron archivos PDF con facsímiles de timbres notariales y huellas de presuntos deudores, elementos que habrían sido usados para confeccionar los documentos presentados ante tribunales.
Según la fiscalía, una de las maniobras permitió cobrar $17.071.995 mediante una demanda presentada en junio de 2024.