Santiago 8 Feb. (ATON) -
Dificultades probatorias, tecnología insuficiente y falta de coordinación con empresas telefónicas complejizan la persecución penal.
El aumento sostenido de celulares encontrados en cárceles chilenas encendió nuevas alertas sobre la capacidad real de control del sistema penitenciario. Especialistas en seguridad advierten que el incremento de 26% en los hallazgos durante el último año constituye un signo concreto de vulnerabilidades que permiten la continuidad delictiva desde el interior de los recintos.
El debate cobra fuerza en paralelo a investigaciones judiciales recientes. En la causa vinculada a una estafa telefónica que afectó a la actriz Amparo Noguera, el juez de Garantía Leonardo Valdivieso resolvió que dado que no se estableció, por ahora, su participación en ninguno de los delitos imputados, no se le impondrán medidas cautelares respecto de tres imputados formalizados.
La fiscalía apeló posteriormente, logrando ampliar la prisión preventiva a otros involucrados, aunque sin pronunciamiento definitivo sobre la participación de los internos. Sí se estableció que durante el operativo Gendarmería encontró 12 teléfonos celulares con sus tarjetas SIM en celdas del módulo donde residían los imputados, determinándose que la evidencia material, unido al informe de Gendarmería dando cuenta del procedimiento, resulta suficiente para tener por justificada la existencia del delito en cuanto a la tenencia de elementos prohibidos.
Más allá del caso puntual, las cifras generales muestran una tendencia al alza. En 2024 se reportaron 27.762 dispositivos incautados, mientras que en 2025 la cifra subió a 34.921. Para el exdirector de Gendarmería Christian Alveal, en entrevista con diario El Mercurio, el aumento en las incautaciones de teléfonos celulares y otras especies prohibidas constituye un indicador objetivo de vulnerabilidades estructurales en los sistemas de control y seguridad . A su juicio, la circulación de estos equipos permite la continuidad operativa de organizaciones criminales y, en un sistema penitenciario eficiente, situaciones así deberían tender a cero .
El exuniformado también subraya que solo una minoría de internos puede asumir el costo asociado al ingreso ilegal de dispositivos, estimado en unos $350 mil considerando sobornos y valor del equipo. Por ello, plantea avanzar hacia inteligencia penitenciaria que permita identificar perfiles de demanda y cortar la oferta.
Una mirada complementaria aporta el exfiscal Luis Toledo, quien sostiene, al mismo medio, que el fenómeno puede explicarse tanto por mayores controles como por un mercado ilícito más activo. En cualquier escenario, afirma que el ingreso ilegal sigue siendo estructural y que un mayor número de incautaciones puede reflejar mejoras puntuales en los controles, pero también evidencia que el mercado ilícito de celulares en cárceles no solo persiste, sino que se adapta .
Las críticas también alcanzan a los inhibidores de señal instalados en algunos recintos. Toledo propone que el enfoque debe desplazarse hacia una estrategia de control inteligente, que combine persecución penal, tecnología y regulación , incluyendo trazabilidad de IMEI, bloqueo efectivo de equipos y mayor colaboración de compañías telefónicas, advirtiendo que aquí el sector privado no es un actor neutro .
Alveal coincide en que los inhibidores son insuficientes mientras existan brechas de seguridad y plantea incluso prohibir la instalación de antenas cercanas a cárceles mediante cambios legales.
El problema no solo es de control, sino también de persecución penal. La resolución judicial del caso Noguera señaló que nada se acreditó en relación con el lugar de las llamadas y de quiénes las habrían efectuado , evidenciando las dificultades probatorias. Toledo explica que vincular dispositivo, chip y usuario requiere pericias complejas, cooperación rápida de empresas y registros confiables, todo en un contexto de celulares compartidos, ocultamiento de evidencia y participación de terceros fuera del penal.
Alveal añade que las investigaciones intracarcelarias enfrentan riesgos para testigos y dinámicas de poder que pueden distorsionar la atribución de responsabilidades, por lo que los estándares probatorios aplicables a delitos intracarcelarios no pueden ser idénticos a los que rigen en el medio libre .
Con cifras en aumento, limitaciones tecnológicas y desafíos investigativos persistentes, el control de las comunicaciones ilegales en cárceles se instala como una de las brechas más sensibles del sistema de seguridad, abriendo presión por reformas que vayan más allá de las medidas actualmente vigentes.