Santiago 31 Mar. (ATON) -
El regulador mantuvo las mismas entidades del año anterior y fijó cargos de capital que deberán cumplirse a diciembre de 2026.
El sistema financiero chileno volvió a quedar bajo evaluación tras la última resolución del regulador, que definió cuáles son las instituciones clave para la estabilidad del mercado y las exigencias adicionales que deberán cumplir.
La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó que su Consejo aprobó la calificación anual de los bancos de importancia sistémica, junto con los requerimientos de capital asociados a este grupo de entidades.
Esta clasificación se realiza en base a lo establecido por la Ley General de Bancos y una normativa específica que determina el impacto que podría tener la eventual insolvencia de una institución en el sistema financiero. Para ello, se consideran factores como el tamaño del banco, su nivel de interconexión, la dificultad de reemplazar sus servicios y la complejidad de su estructura.
Tras aplicar esta metodología, y con el acuerdo previo del Banco Central de Chile, el organismo concluyó que este año se mantienen las mismas entidades catalogadas como sistémicas: Banco de Chile, Banco de Crédito e Inversiones, Banco del Estado de Chile, Banco Itaú Chile, Banco Santander-Chile y Scotiabank Chile.
En cuanto a las exigencias, la CMF resolvió mantener los cargos de capital básico adicional para la mayoría de estas instituciones, aunque determinó un ajuste para BancoEstado, elevando su requerimiento desde 1,25% a 1,5% de sus activos ponderados por riesgo.
Según se indicó en la resolución firmada por la presidenta del organismo, Catherine Tornel, este incremento se adoptó considerando el importante aumento que ha exhibido el puntaje de la entidad desde 2023 en adelante, consolidando su nivel de riesgo sistémico en un valor superior .
Este proceso corresponde al quinto año consecutivo en que se definen estos requerimientos adicionales, los que deberán ser cumplidos de manera gradual, con plazo hasta diciembre de 2026.
Con ello, la CMF busca reforzar la solidez del sistema financiero, estableciendo mayores resguardos para aquellas instituciones cuyo funcionamiento resulta clave para la estabilidad económica del país.