Santiago 2 May. (ATON) -
La renuncia se hará efectiva el 15 de mayo, en medio de tensiones con el Ejecutivo.
Un quiebre total se produjo en la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, luego de que sus integrantes anunciaran su renuncia colectiva, argumentando que no existen las condiciones necesarias para continuar con la labor encomendada.
La decisión fue comunicada a través de una declaración pública, en la que señalaron que se adoptó con profundo pesar y sentido de responsabilidad , tras semanas de conversaciones con autoridades en las que, aseguran, expusieron antecedentes técnicos y advertencias sobre el funcionamiento de la instancia.
Desde la comisión cuestionaron directamente medidas impulsadas por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, apuntando a que estas han afectado su operatividad. Entre los aspectos mencionados figuran la reducción del equipo profesional, modificaciones en el modelo territorial y dificultades para desarrollar el proceso de recolección de testimonios.
En ese contexto, afirmaron que las decisiones adoptadas ( ) hacen inviable continuar en coherencia con dicho mandato .
La instancia había sido creada para esclarecer vulneraciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes bajo custodia del Estado entre 1979 y 2024, en un proceso orientado al reconocimiento y reparación de las víctimas.
Los ahora exintegrantes enfatizaron que el trabajo requería condiciones específicas para su desarrollo, especialmente en lo relativo a la toma de testimonios. La escucha no puede reducirse a un trámite. Exige confianza, continuidad, especialización y resguardo ético , indicaron.
Asimismo, advirtieron sobre el impacto que estos cambios pueden tener en las víctimas, señalando que hoy no está en juego solo una institucionalidad, sino la confianza de personas que, por primera vez, estaban dispuestas a hablar .
En la misma línea, sostuvieron que la situación trasciende a la comisión misma, asegurando que lo que hoy se debilita no es solo una Comisión, sino la respuesta del Estado frente a una deuda histórica .
La renuncia se hará efectiva el próximo 15 de mayo, y los comisionados comprometieron una transición ordenada para dar continuidad al proceso. En el cierre del documento, recalcaron que damos un paso al lado no para abandonar esta responsabilidad, sino para no avalar decisiones que la ponen en riesgo .
La declaración fue firmada por la presidenta de la instancia, Soledad Larraín, junto a Matías Marchant, M. Estela Ortiz y Judith Schönsteiner.
Versión del Ejecutivo
Desde el Ministerio de Justicia entregaron una mirada distinta sobre el conflicto, apuntando a dificultades internas y a un desempeño insuficiente en la toma de testimonios.
Según antecedentes difundidos por Diario La Tercera, la comisión inició su funcionamiento en febrero del año pasado y, tras una primera etapa organizativa, se conformó un equipo de 30 profesionales para contactar a posibles víctimas.
No obstante, desde la cartera sostienen que los resultados no cumplieron las expectativas. Hasta marzo de 2026, se habrían recopilado 233 testimonios, cifra que, según esa versión, refleja un bajo nivel de productividad.
Ante este escenario, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, habría impulsado propuestas para reformular el funcionamiento de la instancia, incluyendo cambios en el modelo de gestión y en la estructura territorial.
Entre las medidas adoptadas también se contempla la reducción del equipo profesional y la continuidad de los comisionados bajo una modalidad ad honorem, planteamiento que no habría sido aceptado por quienes finalmente optaron por renunciar.
Desde el ministerio recalcan que estos ajustes no implican el cierre de la comisión, sino un rediseño orientado a fortalecer su funcionamiento y asegurar la continuidad del proceso de verdad, reparación y análisis.