Santiago 10 Mar. (ATON) -
La acción penal acusa eventuales delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto, vinculados al mencionado magistrado, al abogado penalista y exasesor del Ministerio del Interior durante la segunda administración de Sebastián Piñera y el juez Guillermo de la Barra.
Mauricio Hernández Norambuena, conocido como comandante Ramiro, volvió a la escena judicial con una querella presentada este martes ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago.
El exfrentista, condenado por el asesinato del senador UDI Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards, acusa irregularidades en el cómputo de sus penas y apunta directamente a tres figuras del mundo jurídico: el ministro de la Corte Suprema Mario Carroza, el abogado Luis Hermosilla y el ministro Guillermo de la Barra.
Según apunta La Tercera, la acción patrocinada por sus abogados Yanira González y Mauricio Menares, da cuenta que Carroza -en su rol de ministro en visita en 2019- habría desconocido parte del acuerdo de extradición suscrito con Brasil, contabilizando solo 12 días de privación de libertad en ese país, en lugar de los tres años y seis meses comprometidos. La defensa sostiene que esta decisión prolonga injustamente la condena de Hernández Norambuena, quien ya acumula diez años de cumplimiento efectivo en Chile.
La querella atribuye la resolución a la cercanía entre Carroza y Hermosilla, abogado de la familia Guzmán y asesor del Ministerio del Interior en ese entonces. Chats divulgados en el denominado caso Audio revelarían la amistad entre ambos y presuntos favores, lo que, a juicio de la defensa, debió llevar a Carroza a inhabilitarse.
El escrito también cuestiona al ministro De la Barra, quien posteriormente asumió la causa y rechazó una solicitud de prescripción presentada por la defensa, mientras Hermosilla seguía representando a la familia Guzmán. Por ello, se pide indagar si existieron presiones o gestiones externas que influyeran en sus decisiones.
La acción penal acusa eventuales delitos de cohecho, prevaricación y violación de secreto, y vincula a Carroza con la investigación por presunto tráfico de influencias en nombramientos judiciales, abierta tras la filtración de conversaciones desde el celular de Hermosilla.
Con esta ofensiva judicial, Hernández Norambuena busca que se revisen los cómputos de su condena y se investiguen las supuestas irregularidades que, según su defensa, han prolongado indebidamente su permanencia en prisión.