Santiago 8 Ene. (ATON) -
Luego de tres sesiones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar el proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público.
Luego de tres sesiones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar el proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a las y los trabajadores del sector público.
Si bien se trató de llegar a un apoyo unánime, legisladores de Renovación Nacional, UDI y de la bancada republicana rechazaron el proyecto porque insistieron que era necesario contar previamente con las opiniones técnicas.
Concretamente, la oposición pidió las opiniones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por el financiamiento del proyecto y de la contralora general de la República, Dorothy Pérez por las disposiciones de "amarre". Fueron invitados para el próximo lunes 12.
Sobre el amarre, el proyecto establece que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hecho y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados .
En cuanto al financiamiento, en tanto, el reajuste implica un desembolso de US $1.667 millones en 2026, US$1.275 millones en 2027 y US $1.270 millones una vez que entre en régimen. Específicamente, se otorga un reajuste general de 2,0%, a contar del 1 de diciembre de 2025 a las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, constituyendo un reajuste total de 3,4%.
En términos generales, en las sesiones de ayer se cuestionó el financiamiento del proyecto y las respuestas entregadas por el Ejecutivo respecto de la provisión mediante reasignación de recursos. Quienes rechazaron, consideraron que era una irresponsabilidad avanzar con la votación si no existe la información sobre la totalidad de los montos. Del mismo modo, el escaso tiempo para analizar las 129 normas que contiene este proyecto de ley.
En contraste, diputadas y diputados de partidos de gobierno alertaron que hay intentos por desmantelar al sector público. Así también, se defendió que pueden existir diferencias en algunas materias, pero no se puede desconocer la necesidad de aprobar un reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos.
NORMAS APROBADAS
Posteriormente, la instancia inició la votación particular, con la aprobación de una treintena de normas donde existe consenso para su respaldo. Estas, aprobadas por unanimidad, se refirieron a la postergación del reavalúo de bienes raíces, la rebaja de contribuciones a predios usurpados, eximir del impuesto verde a los vehículos de la PDI y la postergación del fondo para la reconstrucción de Valparaíso.
Igualmente, aquellas relacionadas con normas de incentivo al retiro en distintas instituciones y asignación a personal guardaparques de la Corporación Nacional Forestal, Servicio Nacional Forestal o el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
Otras materias aprobadas se refirieron a precisar el desistimiento de acciones en cortes como la CIDH, que deben ejercer las personas para acceder al pago de la denominada deuda histórica.
Otra disposición corresponde a incorporar dentro de la definición de Pequeño Productor Agrícola, a aquellos productores que superaron el límite de activos de 3.500 UF como consecuencia del proceso de reavalúo de bienes agrícolas del año 2020 y 2024.
Finalmente, el artículo que declara extinguida la responsabilidad administrativa de infracciones por sumario sanitario en el marco de la pandemia del Covid.
La Comisión acordó fijar plazo para el viernes 9, a las 12 horas, para el ingreso de indicaciones y votar el lunes 12 hasta total despacho.