Santiago 27 Abr. (ATON) -
El Comité de Ministros tendrá hoy una nueva sesión para revisar proyectos que suman US$444 millones y que siguen detenidos en distintas fases del sistema de evaluación ambiental.
El Comité de Ministros tendrá hoy una nueva sesión para revisar proyectos que suman US$444 millones y que siguen detenidos en distintas fases del sistema de evaluación ambiental. Será la tercera convocatoria bajo la actual administración, en una instancia clave para destrabar o redefinir iniciativas.
Según publica Emol, la reunión será encabezada por la ministra del Medio Ambiente, Francisca Toledo, junto a las carteras de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, y abordará cuatro reclamaciones vinculadas tanto a empresas como a procesos de participación ciudadana.
Se trata de proyectos distribuidos en diversas regiones y ligados a sectores estratégicos como energía, minería e infraestructura, que están detenidos por cuestionamientos técnicos, resoluciones de calificación y observaciones de comunidades que acusan falta de consideración de sus planteamientos, entre otros.
EL PROYECTO MÁS ANTIGUO EN EVALUACIÓN
Uno de los casos que estará sobre la mesa es el de la "Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine", iniciativa ligada al Grupo Errázuriz que arrastra más de una década en tramitación. Ingresado originalmente en 2009, el proyecto ha actualizado su inversión hasta alcanzar los US$143 millones.
Ubicado en la Región de Antofagasta, el plan busca producir hasta 200 mil toneladas anuales de cloruro de potasio mediante la recuperación de sales presentes en salmueras cercanas al Salar de Atacama.
Sin embargo, su avance se vio frenado luego de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional rechazara su Estudio de Impacto Ambiental en agosto del año pasado.
Ahora, el titular recurrió al Comité de Ministros para revertir esa decisión, en una reclamación que será analizada en esta nueva sesión.
INFRAESTRUCTURA BAJO CUESTIONAMIENTO CIUDADANO
Otro de los proyectos en revisión corresponde a las "Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón", impulsado por el Ministerio de Obras Públicas y con una inversión de US$76 millones.
A diferencia del caso anterior, esta iniciativa cuenta con una calificación ambiental favorable. Sin embargo, enfrenta una reclamación presentada por un grupo de personas, quienes cuestionan la resolución de la Coeva Metropolitana. Según sostienen, el proyecto fue aprobado sin cumplir con los estándares exigidos por la normativa vigente.
En concreto, acusan que la obra fue visada sin contar con los antecedentes necesarios, señalando que no se habrían considerado los requisitos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos en la Ley 19.300.
HIDRÓGENO VERDE Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
En el ámbito energético, el Comité también revisará el proyecto "Hidrógeno Verde Bahía de Quintero", impulsado por GNL Quintero, que contempla una inversión de US$30 millones.
La iniciativa busca instalar una planta para la producción de hidrógeno verde considerado uno de los combustibles clave en la transición energética utilizando agua potable y energía proveniente de fuentes renovables, dentro del mismo predio donde opera la actual planta de regasificación.
En este caso, la controversia surge desde la participación ciudadana. La abogada Alejandra Donoso, en representación de una observante del proceso, presentó una reclamación administrativa argumentando que sus observaciones no fueron "debidamente" consideradas durante la evaluación ambiental.
TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
El cuarto proyecto en tabla corresponde a la Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y nueva Línea 2x500 kV Nueva Lagunas - Kimal , desarrollado por Interconexiones del Norte, con una inversión de US$195 millones.
Se trata de una iniciativa clave para el sistema de transmisión eléctrica, pero que también enfrenta cuestionamientos. En este caso, existen reclamaciones tanto del titular como de actores vinculados a la participación ciudadana.
Desde la empresa, si bien se reconoce que el proyecto obtuvo una calificación ambiental favorable, se objeta la inclusión de ciertas exigencias en la Resolución de Calificación Ambiental.
Según plantean, se trata de "una exigencia ilegal, carente de sustento metodológico, no discutida ni validada en el marco de la evaluación ambiental, y que altera gravemente la continuidad lógica del indicador de cumplimiento propuesto por el titular de una de las medidas de mitigación y uno de los compromisos ambientales voluntarios, comprometidos".