Chile.- Portuarios denuncian incumplimiento del Gobierno y se declaran en alerta - SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE
Santiago 9 Jul. (ATON) -
Conatraport acusó a la Subsecretaría del Interior de modificar las reglas para la distribución de un programa anual de 250 pensiones de gracia, beneficio vigente desde 2012 e implementado por diversos gobiernos. La Unión Portuaria no se sumó a la paralización.
La Confederación Nacional de Trabajadores Portuarios (Conatraport) informó una paralización total de faenas a partir de las 8:00 horas de este jueves 9 de julio, en protesta por el incumplimiento del Gobierno, según dijeron, del acuerdo por las pensiones de gracia.
Conatraport acusó a la Subsecretaría del Interior de modificar las reglas para la distribución de un programa anual de 250 pensiones de gracia, beneficio vigente desde 2012 e implementado por diversos gobiernos. El convenio actual fue firmado con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric en diciembre de 2022 y tiene vigencia hasta fines de 2026.
La agrupación afirmó que, tras la disolución de la Unión Portuaria de Chile en 2025, el beneficio se siguió entregando con normalidad a todos los operarios firmantes, sin importar a qué gremio se hubieran sumado. Sin embargo, la organización denunció que el pasado 19 de junio las autoridades cortaron estas asignaciones de manera unilateral.
A partir del 19 de junio, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, comunicó un cambio radical del criterio administrativo aplicado hasta ese momento, informando que, en adelante, este beneficio social sería otorgado únicamente a trabajadores pertenecientes a la otra Confederación. A juicio de nuestra organización, esta decisión constituye una grave vulneración del principio de libertad sindical , declaro la Conatraport.
El Estado no puede intervenir en la vida sindical utilizando recursos públicos para favorecer a una organización por sobre otra, ni condicionar el acceso a un beneficio social a la pertenencia a una determinada Confederación. Una actuación de esta naturaleza afecta la igualdad entre organizaciones sindicales, vulnera la autonomía sindical y genera un incentivo indebido para que los trabajadores modifiquen su afiliación con el propósito de acceder a un beneficio que históricamente les ha correspondido por formar parte del instrumento vigente , agregó.
Lo más grave es que este cambio de criterio no responde a una modificación del instrumento suscrito en 2022 ni a una resolución fundada que deje sin efecto su aplicación. Por el contrario, constituye un abandono unilateral de la forma en que el propio Estado ejecutó dicho programa durante más de tres años, afectando la confianza legítima de cientos de trabajadores y organizaciones sindicales , complementó la gremial.
La dirigencia de la agrupación de portuarios lamentó la escalada del conflicto, insistiendo en que su intención original siempre fue el diálogo y el respeto a la legalidad. Sin embargo, advirtieron que las medidas adoptadas por el Estado no les habría dejado otra opción que la de ejercer el derecho a huelga y movilización para defender a sus representados.
Por ello, y luego de haber agotado todas las vías de diálogo, informamos que, si durante este miércoles no recibimos una convocatoria formal que permita solucionar este conflicto, nuestra Confederación iniciará un proceso de paralización de faenas a partir de las 08:00 horas del jueves 9 de julio, en todos los terminales portuarios donde mantiene representación , planteó la Conatraport.
Aún esperamos que el Gobierno rectifique esta decisión. Esa posibilidad sigue plenamente vigente y depende exclusivamente de la voluntad de la autoridad. De no ocurrir aquello, las movilizaciones comenzarán en la fecha y hora indicadas , concluyó la declaración.
Conatraport cuenta con presencia en Caldera, Iquique, Antofagasta, Chañaral, Quintero, Lirquén, San Vicente, Talcahuano, Coronel, Corral, Puerto Montt y Punta Arenas.
Por su parte, la Confederación Unión Portuaria de Chile, que agrupa a 6.500 trabajadores en diversos terminales del país, no adhirió a esta convocatoria, tras alcanzar un acuerdo con el Gobierno del Presidente José Antonio Kast el 16 de junio.