Santiago 27 Nov. (ATON) -
La Contraloría General de la República realizó una auditoría en la Municipalidad de Calera de Tango y detectó una serie de debilidades en los procesos de fiscalización, control y registro de edificaciones.
La Contraloría General de la República realizó una auditoría en la Municipalidad de Calera de Tango y detectó una serie de debilidades en los procesos de fiscalización, control y registro de edificaciones.
El ente fiscalizador constató 26 propiedades emplazadas en Áreas de Preservación Ecológica, todas subdivididas en parcelas de 5 mil metros cuadrados, pese a que el Plan Regulador Metropolitano de Santiago solo permite actividades mínimas y estrictamente vinculadas a fines científicos, educativos, deportivos o turísticos.
Esta situación se encuentra pendiente de resoluciones judiciales y ambientales. En tanto, la Contraloría instruyó al municipio reforzar sus controles y evitar nuevas construcciones sin permiso.
Asimismo, el organismo detectó 17 infracciones a la normativa, incluyendo edificaciones sin permisos ni recepciones finales, sin informes favorables de la Secretaría Regional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y del Servicio Agrícola y Ganadero del Ministerio de Agricultura, instalaciones municipales o comerciales operando sin autorización, cambios de destino no tramitados y actividades económicas sin patente o con giros distintos a lo establecido en sus permisos.
Dentro de estas edificaciones se encuentra un taller mecánico instalado en espacio fiscal, galpones sin permiso, centros de eventos, hogares de ancianos, una fábrica de fundición de metales y dependencias municipales funcionando en inmuebles sin regularización.
Debido a esta situación, la Contraloría pidió acreditar la regularización de cada caso o, en su defecto, informar el estado de avance y medidas adoptadas, incluyendo clausuras efectivas y fiscalizaciones periódicas.
Además, se verificó que 12 de las 17 irregularidades no habían sido fiscalizadas por las unidades municipales, y que las sanciones aplicadas solo se limitaban a partes al Juzgado de Policía Local.
Por ello, la Contraloría instruyó al municipio implementar un plan de trabajo que establezca periodicidad de inspecciones y medidas sancionatorias más efectivas y anunció que iniciará un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas en la DOM y en la Sección de Patentes Comerciales de la Dirección de Administración y Finanzas, por falta de fiscalización y por no aplicar todas las atribuciones que otorga la ley.
El informe también detectó un caso que involucra a un funcionario municipal, quien recibió un parte por construcción sin permiso en 2021, pero cuyo ingreso no figura registrado en el Juzgado de Policía Local.
Ante este hecho, el municipio abrió un procedimiento disciplinario, y la Contraloría incorporará uno adicional para determinar eventuales responsabilidades por infracción a la Ley de Bases de la Administración del Estado.
Asimismo, se verificó que una demolición ordenada en 2022 no se había ejecutado, por lo que la municipalidad deberá acreditar su cumplimiento.
Finalmente, el organismo constató que la DOM no cuenta con un catastro único consolidado, sino con cuatro archivos Excel con información incompleta e imprecisa, incluyendo permisos sin registro y falta de trazabilidad en expedientes anteriores a 2017, por lo que deberá informar avances en el proceso de consolidación del catastro en un plazo de 60 días hábiles.