Santiago 16 Dic. (ATON) -
La Contraloría lanzó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría, que reúne las observaciones realizadas a partir de fiscalizaciones entre enero de 2023 y julio de 2025, en áreas de seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
La Contraloría General de la República lanzó el primer Consolidado de Resultados de Auditoría, que reúne las observaciones realizadas a partir de fiscalizaciones entre enero de 2023 y julio de 2025, en áreas de seguridad pública, control de armas y municiones, e incautación y destrucción de drogas.
Este primer documento señala que, en materia de seguridad pública, se registraron en recintos penitenciarios 1.279 internos que recibieron visitas pese a tener prohibición y 1.539 ciudadanos que ingresaron con restricción de acceso. Además, 479 personas identificadas como abogados privados no pudieron acreditar su profesión.
Solo el 12,7% de las cárceles cuenta con sistemas de inhibición de señal, los cuales presentan múltiples limitaciones técnicas. La mayoría de los recintos penitenciarios cuenta con inhibidores para señal 2G, en circunstancias que -actualmente- la mayoría de los equipos móviles funcionan con tecnología 4G o 5G.
Asimismo, se estableció que, pese a la inhibición, se permite la comunicación vía wifi, por lo que dicho sistema resulta obsoleto e ineficiente.
Por otro lado, se detectó que 70 de 79 establecimientos del sistema cerrado no planificaron allanamientos ordinarios en 2024.
Control de fronteras
Se detectó que funcionarios desplegados carecían de exámenes médicos y certificaciones requeridas, y no se realizaron todas las visitas a hitos ni patrullajes de soberanía.
También se constató la ausencia de un registro centralizado de personas que ingresan por pasos no habilitados.
Orden público y vehicular
Las auditorías de la Contraloría constataron que 25 vehículos policiales tenían cámaras inoperativas. Adicionalmente, se determinó que hubo casos de funcionarios sin examen psicológico o sin certificación para el uso de armamento menos letal.
En fiscalizaciones vehiculares, 626 vehículos encargados por robo no fueron recuperados, y 144 personas con órdenes judiciales vigentes no fueron detenidas durante controles. Además, en 145.715 procedimientos de tránsito no se verificaron placas en el sistema unificado, y 869 infracciones que implicaban retiro de vehículos no se concretaron.
Control de armas y municiones
Los informes de la Contraloría señalan que se identificaron armas no registradas en planillas de control, ausencia de documentación en incautaciones y falta de trazabilidad en sistemas de PDI y Gendarmería. Adicionalmente, se observó que en la Armada no existe un sistema informático para registrar asignación y devolución de armamento.
En la Dirección General de Movilización Nacional se detectaron personas con condenas vigentes que mantenían armas registradas, adquisición de municiones por sobre el límite legal y armas asociadas a personas fallecidas sin evidencia de transferencia.
Incautación y destrucción de drogas
Las policías incumplieron el plazo legal de 24 horas para enviar actas de recepción y cadenas de custodia, con demoras de hasta 288 días. Se observaron diferencias de peso entre lo informado y lo registrado, con variaciones de hasta 32 kilos.
Otros hallazgos reflejan que las salas de custodia policial se usan como bodegas sin protocolos, y los recintos de salud presentan deficiencias en seguridad y control.
Además, hubo retrasos de hasta 189 días en la destrucción de drogas, incumpliendo el plazo legal de 15 días. En nueve entidades se encontraron medicamentos controlados vencidos y discrepancias en inventarios.
Ante estos antecedentes, se instruyeron 3 procedimientos disciplinarios, 35 procesos sumariales y se remitieron 9 informes al Ministerio Público, uno al Consejo de Defensa del Estado y otro a la Fiscalía de Aviación.