Santiago, 18 de mayo de 2026. La ministra de Seguridad Publica, junto a la subsecretaria de Prevencion del Delito y representantes de las asociaciones de municipalidades, ACHM, AMUR y AMUCH, dan a conocer los resultados del proceso participativo de - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
Santiago 2 Jul. (ATON) -
"No se advierte que requerimiento de exautoridad que se indica se enmarque en sus competencias", señaló el organismo fiscalizador.
La Contraloría General de la República determinó que la exministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steinert, se excedió en sus atribuciones al emitir un oficio reservado apenas dos días después de asumir el cargo y que finalizó con el llamado a retiro de la prefecta Consuelo Peña.
Según el dictamen, el requerimiento no se limitó a solicitar información general para la gestión ministerial. Contraloría señala que la exautoridad pidió la nómina detallada (nombre completo, cédula de identidad y grado de los funcionarios trasladados y/o cesados en sus funciones investigativas respecto de una causa RUC específica que cita) , además de antecedentes disciplinarios, penales y copias de sumarios.
Según el órgano fiscalizador, esa exigencia excede la facultad general de requerir informes que entrega la Ley N°21.730, pues la propia norma prohíbe usar esa facultad cuando afecte o pueda afectar el desarrollo de una investigación en curso .
El informe recuerda el marco constitucional que rige a toda la administración. Conforme al principio de juridicidad consagrado en los artículos 6° y 7° de la Constitución Política ( ) los órganos de la Administración del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las leyes .
En esa línea, añade que los ministros de Estado ( ) se encuentran sometidos al estricto cumplimiento de los principios de legalidad y probidad administrativa .
Contraloría también observó un conflicto de interés. El dictamen apunta que los datos pedidos correspondían a personal que apoyaba la labor investigativa que encabezaba la propia exsecretaria de Estado en su anterior desempeño .
Por ello, sostiene que la actuación analizada no se ajusta estrictamente a las atribuciones y funciones que el ordenamiento jurídico asigna a la autoridad ministerial de que se trata y no se aviene con su deber de abstención .
Respecto al retiro de la prefecta general de la PDI, Consuelo Peña, el organismo fue categórico. Señala que el decreto supremo que dispuso el retiro absoluto de esa funcionaria directiva fue cursado por esta Contraloría General ( ) por ajustarse a derecho , por lo que no cuestionó la legalidad de esa medida.
Finalmente, Contraloría descartó que se haya eliminado la Unidad Estratégica del Ministerio de Seguridad Pública. El ministerio informó que dicha instancia se mantiene bajo la dependencia directa del titular de dicha cartera y fue formalizada como Unidad Ministerial Estratégica . Con esos antecedentes, el ente contralor concluye que sobre dicha materia, no se ha producido una vulneración a la citada ley N°21.730 .