Santiago 17 Mar. (ATON) -
Falencias estructurales, filtraciones y problemas de climatización marcaron el funcionamiento del Hospital Regional de Antofagasta durante más de dos años.
La Contraloría Regional de Antofagasta detectó que, entre 2023 y abril de 2025, el contrato de concesión del Hospital Regional de Antofagasta, a cargo de la Dirección General de Concesiones (DGC), presentó una serie de fallas que comprometieron su funcionamiento y la atención de 3.884 pacientes.
Mediante el Informe Final N°483-2025, se realizó una auditoría a la DGC sobre la fase de explotación del contrato de concesión del citado hospital, con el propósito de verificar el cumplimiento contractual y normativo de los servicios de mantenimiento y operación del sistema de climatización y otros asociados.
El informe pretendía evaluar si la DGC cuenta con mecanismos adecuados de monitoreo y control que aseguren la continuidad y operatividad del servicio, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 28 de febrero de 2025.
De acuerdo con el informe, en ese período se registraron al menos 12 incidentes, entre los que destacaron deficiencias en el sistema de climatización, filtraciones de aguas servidas y cortes de suministro eléctrico.
Estas situaciones afectaron directamente la operación del recinto hospitalario, provocaron la suspensión de cirugías y procedimientos ambulatorios, generando un perjuicio económico estimado en aproximadamente $5.489 millones.
Uno de los puntos observados corresponde al sistema de climatización, que presentó varias deficiencias graves y persistentes. Esto, debido a que la capacidad instalada era insuficiente.
En esta misma línea se detectaron daños estructurales en torres de enfriamiento, desgaste en estructuras metálicas y ausencia de protección contra el fuego en casetones ubicados en pisos técnicos.
A ello se suman fallas en la central térmica y en el Sistema de Automatización y Control Centralizado, que opera parcialmente, sin capacidad adecuada de monitoreo, regulación automática y generación de reportes.
Adicionalmente, en febrero de 2023, se registró una falla en los equipos chiller (enfriadores de agua) del recinto hospitalario. Dicho problema falla se prolongó por 84 días, lo que obligó la suspensión de 97 cirugías programadas.
Ante este incidente, el recinto hospitalario y la sociedad concesionaria debieron suscribir convenios con instituciones privadas para garantizar la continuidad de las atenciones.
Igualmente, se constató que el Hospital Regional asumió directamente el pago de $3.312.258 por 86 prestaciones de servicio de arsenalería quirúrgica, costos que debían ser cubiertos por la sociedad concesionaria, según lo estipulado en el convenio.
PROBLEMAS DE INFRAESTRUCTURAAdemás, en las inspecciones realizadas en junio y julio de 2025 evidenciaron deterioros significativos en infraestructura, entre ellas, fisuras en losas, oxidación de metales, rotura de mallas, acumulación de aguas lluvias y presencia de deposiciones de aves en equipos, provocando riesgos tanto estructurales como sanitarios.
Sumado a esto, la sociedad concesionaria también incurrió en atrasos significativos en la reparación de fallas críticas, demorando entre 88 y 612 días en climatización, 362 y 664 días en sistemas asociados y hasta 1.980 días en otras fallas que seguían sin resolver.
De igual forma, se apreció una demora en la respuesta a instrucciones de la inspección fiscal, entre 165 y 403 días corridos, incluyendo requerimientos sin respuesta.
Otra de las observaciones señala que entre 2023 y 2024 ocurrieron dos filtraciones. Una de aguas servidas y otra de agua caliente, lo que provocó la pérdida de 111.509 insumos y medicamentos, avaluados en $195 millones.
Si bien, entre enero de 2023 y mayo de 2025, la DGC cursó 92 resoluciones aplicando multas a la sociedad concesionaria, por un total de 27.350 UTM. Sin embargo, 58 de ellas fueron suspendidas por la Comisión Arbitral tras una demanda de la empresa en mayo de 2025.
No obstante, la auditoría reveló una débil labor de supervisión por parte de la DGC, ejercida mediante inspección fiscal, respecto de las reiteradas intervenciones para un blindaje de la puerta de acceso a la sala de escáner.
En concreto, se realizaron 18 intentos, todos fallidos, generando la suspensión de atenciones, imposibilidad de programar nuevas prestaciones y contratación de servicios externos por parte del hospital.
Frente a estos antecedentes, la Contraloría General resolvió instruir un procedimiento sumarial para determinar posibles responsabilidades administrativas de los involucrados.
Y se ordenó, además, que la DGC deberá acreditar las acciones implementadas por la concesionaria para regularizar los costos asociados a la pérdida de insumos y medicamentos, que ascienden a $195.102.594, mediante el reintegro de dichos recursos o la activación de eventuales seguros comprometidos.