Santiago 27 Mar. (ATON) -
El diputado Raúl Leiva (PS) envió un oficio en el que pide al órgano fiscalizador esclarecer si la debutante ministra al solicitar antecedentes sensibles sobre una causa penal activa transgredió los límites legales del nuevo Ministerio de Seguridad.
El diputado socialista Raúl Leiva solicitó formalmente a la Contraloría General de la República que evalúe la legalidad de un requerimiento realizado por la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, a la Policía de Investigaciones (PDI) y que derivó en la la salida de la subdirectora de Inteligencia de la PDI, Consuelo Peña.
Según informó La Tercera, este viernes el parlamentario socialista solicitó al órgano contralor que determine si la actuación de la secretaria de Estado se ajusta a derecho, particularmente en relación con las facultades que le otorga la ley que creó el Ministerio de Seguridad Pública.
La acción de Leiva se basa en un oficio reservado -N° 28, de 13 de marzo-, mediante el cual Steinert pidió a la PDI información detallada sobre funcionarios de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) de Tarapacá vinculados a la investigación del denominado Clan Chen . Lo hizo, 48 horas después de haber asumido en el Gobierno.
Entre los antecedentes solicitados figuran la identificación completa de los funcionarios, sus traslados, nuevas destinaciones y eventuales antecedentes disciplinarios o penales.
En su presentación, que hasta ahora se tramitaba de forma reservada, el diputado Leiva sostiene que el requerimiento podría exceder las atribuciones del Ministerio de Seguridad, ya que -según la normativa vigente- si bien la autoridad puede solicitar informes a las policías, existen restricciones cuando se trata de investigaciones penales en curso.
En particular, advierte que no se puede requerir información que afecte el desarrollo de diligencias investigativas ni aquella que exponga datos sensibles o identidades de funcionarios involucrados .
Además, el parlamentario cuestiona que el oficio haya solicitado información en bruto y no informes consolidados, lo que, a su juicio, contraviene el diseño legal establecido para este tipo de requerimientos.
Otro elemento que releva el documento es el rol previo de la ministra. Antes de asumir el cargo, Steinert se desempeñaba como fiscal regional de Tarapacá, lugar donde se desarrolla la investigación mencionada.
Según plantea Leiva, el requerimiento fue enviado a menos de 48 horas de iniciado su mandato, lo que evidenciaría un conocimiento detallado de la causa y abre interrogantes sobre eventuales conflictos de interés.
En este contexto, el diputado pidió a Contraloría que determine si el oficio de la ministra constituye un exceso en el ejercicio de sus funciones y si vulnera normas constitucionales y legales, incluyendo el principio de juridicidad y disposiciones sobre secreto de la investigación.
Asimismo, solicitó que, de corresponder, se instruyan acciones de fiscalización y eventuales procedimientos administrativos para establecer responsabilidades.
La revisión del caso podría marcar un precedente sobre el alcance de las facultades del nuevo Ministerio de Seguridad frente a investigaciones penales en curso y abriría un flanco más profundo a la debutante autoridad.