Santiago 20 Dic. (ATON) -
El ministro de Seguridad Pública aseguró que la iniciativa no impide la remoción de trabajadores públicos y busca reducir la judicialización.
El debate por la incorporación de una norma sobre desvinculación de funcionarios públicos en la ley de reajuste salarial sumó este sábado una nueva voz desde el Ejecutivo. El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, salió al paso de las críticas por un eventual amarre en el empleo público y aseguró que dicha interpretación es errónea desde el punto de vista técnico.
Al referirse a la controversia, Cordero afirmó que yo creo que la afirmación de que es una norma de amarre es técnicamente incorrecta. Yo creo que puede existir una legítima preocupación de por qué incorporarla en la ley de reajuste. A mí me parece que es un debate bien legítimo, pero desde el punto de vista técnico, es una norma que exige motivación para la remoción, no impide la remoción .
El secretario de Estado coincidió así con lo señalado previamente por la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien descartó que la iniciativa busque impedir despidos y sostuvo que su objetivo es evitar despidos arbitrarios .
En esa línea, Cordero subrayó que la discusión debe darse en el Poder Legislativo. Al final del día , dijo, hay que discutirla en el Congreso . Ese es el lugar donde o hay consenso o no hay consenso sobre este punto , precisó.
Asimismo, planteó que la ausencia de una norma de este tipo ha generado una alta litigiosidad en el empleo público. Según explicó, su opinión técnica sobre este tema, es que si una norma de estas características no está, lo que vamos a seguir es en un circuito de judicializaciones muy grande que suele ocurrir en determinados períodos, y que se judicializa por muy distintas vías, no solo ante las cortes, se judicializa también en vía laboral de modo muy intenso .
A juicio del ministro, el problema es más profundo y responde a la falta de una reforma estructural. Uno en general lo que necesita es tener reglas del juego en el empleo público estable. Yo creo que lo que está detrás de todo esto es que durante largos años no nos hemos hecho cargo de la reforma al empleo público y tenemos estas reglas inversas que provocan este tipo de inconvenientes. Y hay que tratar de buscar un criterio de consenso , agregó.
En ese contexto, Cordero llamó a alcanzar acuerdos amplios. Llamaría a tratar de buscar una norma de consenso, porque, vuelvo a insistir, el Estado funciona sobre la base de un número de remeros muy significativos, muchos de ellos que han accedido por concurso público, aunque sean empleados a contrata, y que yo creo que lo clave es tener para eso un Estado de eficaz , sostuvo.
El ministro explicó además que existe una brecha entre la normativa vigente y la realidad del aparato estatal. Nosotros tenemos un régimen que dice que el 80% de esas personas deben estar en cargos estables y el 20% en cargos transitorios, que son los empleados a contrata. Sin embargo, en Chile la realidad es la inversa, por distintos tipos de razones , afirmó.
Entonces, lo que tenemos es que el 80% y un poco más de los funcionarios en Chile son a contrata, sin empleos que pudieran ser transitorios, pero que están en sus funciones 5, 10, 15 ó 20 años. Y este es un debate que suele ocurrir en cambios de una administración a otra, no solo a nivel nacional, sino que también en las administraciones locales o regionales , complementó.
Finalmente, el ministro insistió en que la norma no constituye un amarre . La norma que está en la propuesta de la ley de reajuste, es más que una ley de amarre, es en estricto rigor una ley de motivación para desvinculación. Pero si usted me apura objetivamente, esta es la revelación, tenemos un problema mucho más estructural, el problema mucho más estructural es que nadie se quiere hacer cargo de una reforma del sistema de empleo público , afirmó.
Y con esto termino. Usted sabe que muchos de los cargos de los empleados a contrata en Chile, por política que se viene aplicando hace muchos años, ingresan por concurso público. Entonces, se da la paradoja en que son funcionarios que están en cargos que ingresaron por concurso público, pero que están en empleos que se van renovando año a año , concluyó.
Cabe recordar que la iniciativa ha generado críticas desde la oposición. El presidente del Partido Republicano y senador electo, Arturo Squella, advirtió que si el Gobierno sigue con los amarres, estaría dinamitando nuestra relación . En tanto, diputados de la UDI calificaron la propuesta como deshonesta e instaron al Socialismo Democrático a rechazarla.