Correa Sutil por megarreforma: "Establece una invariabilidad en sí misma"

Santiago 13 Ago. (ATON) -

El Tribunal Constitucional (TC) inició esta mañana la audiencia para escuchar los alegatos de fondo ante los requerimientos de constitucionalidad de la oposición en torno al proyecto de reconstrucción nacional.

El Tribunal Constitucional (TC) inició esta mañana la audiencia para escuchar los alegatos de fondo ante los requerimientos de constitucionalidad de la oposición en torno al proyecto de reconstrucción nacional.

Según Emol, en representación de los senadores de oposición, el abogado Jorge Correa Sutil, argumentó que los artículos 29 y 38 de la megarreforma "son contrarios a la República democrática, y por lo tanto, deben ser invalidados".

Correa afirmó que "esta ley establece una invariabilidad en sí misma y por lo tanto, esta ley cumple las características que hemos señalado como inconstitucionales".

En esa línea, recalcó que "lo que está haciendo esta ley es limitar severamente, si no, impedir, que las mayorías ejerzan una función que por naturaleza constitucional les corresponde y según ha señalado expresamente este excelentísimo tribunal en varias sentencias. Invocamos el principio de deferencia con el legislador democrático (...) esta ley es contraria a la Constitución",

Por su parte, la abogada Melissa Mallega, quien también representa a los senadores, se centró en solicitar que se declare la inconstitucionalidad de los artículos 12 y 13. "Por una parte, el artículo 12 infringe el artículo 19 n°2 respecto de la igualdad ante la ley, suprime la responsabilidad del funcionario y además infringe el deber estatal de tutela ambiental establecido en el artículo 19 n°8", indicó.

Asimismo, mencionó que "el artículo 13 vulnera el derecho a un procedimiento racional y justo", mientras que "el artículo 12 lo que está planteando es un falso error. Podemos señalar incluso que abusa del derecho, al recurrir a la ficción de plantear que la anulación de una RCA puede ser un error del Estado que sea indemnizable. En realidad, la anulación es una sanción que establece el ordenamiento jurídico por infringir la legalidad, y que es propia de un Estado de Derecho (...) En realidad, lo que está creando este artículo, es un crédito".

En cuanto al artículo 13, la abogada planteó que "establece el procedimiento que va a ser aplicable al derecho a indemnización establecido en el artículo 12, y crea un tribunal arbitral cuya competencia es exclusivamente señalar el monto".

Y mencionó que esta indicación "ordena fallar sin discutir la procedencia del derecho a indemnizar; el árbitro sólo fija el monto, el Estado debe pagar, el crédito nace de la ley",

Junto con ello, cuestionó que "la ley faculta al tribunal para pedir informes técnicos ambientales y contables; pero en el mismo artículo la obliga a fallar en 30 días, aún cuando no se hubieran evacuado los informes correspondientes".

"Lo que está hoy en juzgamiento ante esta magistratura es la creación de un mecanismo reparatorio insólito, privilegiado y que transgrede la Constitución", sentenció.

En tanto, el abogado Diego Pardo, en representación de los diputados, sostuvo que en el artículo 12 y 13 que, "en conjunto, establecen este régimen especial de responsabilidad patrimonial del Estado que funciona como una especie de seguro a todo evento".

"Estas normas configuran un seguro estatal a favor de un grupo determinado de inversionistas y transforma la legalidad ambiental en un riesgo que tiene que ser asumido por el fisco (...) el mecanismo que establecen vulnera la independencia de los tribunales de justicia, porque le asigna un costo predeterminado a la decisión jurisdiccional antes que esta se tome", añadió.

En cuanto al artículo 29, el abogado afirmó que está permitiendo "al colegislador a celebrar un contrato para omitir ejercer sus competencias que están en la Constitución, a ejercer sus competencias tributarias, y no sólo eso, sino que se las está dando a privados, es decir, las está enajenando".