Santiago 8 Ago. (ATON) -
En fallo unánime, la Corte de Apelaciones de Concepción descartó que existan antecedentes serios para autorizar la persecución penal a la jueza Cherie Palomera por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó hoy la querella de capítulos presentada por el Ministerio Público y querellante en contra de la magistrada del Juzgado de Garantía de Los Ángeles Cherie Palomera, a quien le imputan delitos de prevaricación judicial, supuestamente cometidos entre 2016 y 2024.
En fallo unánime, la Tercera Sala del tribunal de alzada integrada por los ministros Hadolff Ascencio, Rodrigo Cortésy el abogado (i) Agustín Chereau descartó que existan antecedentes serios para autorizar la persecución penal a la jueza por actos ejecutados en el ejercicio de sus funciones.
La jueza se encuentra imputada en el marco de una investigación por asociación criminal y otros delitos que afectaron al sistema de justicia penal de Los Ángeles. La querella de capítulos fue presentada por la fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, por estimar que la magistrada favoreció a dos abogadas imputadas en los hechos indagados.
En esta causa ya están formalizados las abogadas Andrea Romero y Susana Cortés; el ex defensor público de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez; el funcionario del Juzgado de Garantía de esa ciudad, Nelson Sáez; la secretaria del estudio jurídico de las abogadas, Paola Jara; la procuradora de la misma oficina, Claudia Castillo, y un cliente de las abogadas que cumple condena por delitos de drogas y Armas, Moisés Bastardo.
Las dos abogadas, quienes están imputadas por liderar la asociación criminal, están en prisión preventiva y los restantes permanecen bajo otras medidas cautelares. En tanto, la corte ya acogió una querella de capítulos en contra del ex fiscal de Los Ángeles, Rodrigo Durán.
La Fiscalía Regional de Ñuble investiga asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, cometidos entre 2017 y 2024 en la comuna de Los Ángeles.