Santiago 20 Mar. (ATON) -
Ambas profesionales están imputadas como autoras de los delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación.
La Corte de Apelaciones de Concepción rechazó los recursos presentados por las abogadas Susana Andrea Cortés Karmy y Andrea Verónica Romero Jara, para revertir las prisiones preventivas decretadas por el Juzgado de Garantía de Los Ángeles, tras ser formalizadas por corrupción en e sistema judicial de esa ciudad del Biobío.
Ambas profesionales están imputadas como autoras de los delitos consumados de asociación delictiva, tráfico de drogas, tráfico de armas, acceso indebido a información, soborno, lavado de activos, prevaricación y obstrucción a la investigación, ilícitos cometidos entre 2017 y 2024 en la comuna de Los Ángeles.
Sobre la necesidad de cautela, el fallo de la quinta sala plantea que este tribunal de alzada coincide con la jueza de primera instancia en que la libertad de las imputadas constituye un peligro para el éxito de la investigación y, además, un peligro para la seguridad de la sociedad. Lo anterior, fundado en la capacidad demostrada de las encausadas para influir en el sistema judicial y cooptar a funcionarios mediante dádivas o sobornos para obtener beneficios procesales .
Además ahonda , dada la naturaleza de los delitos, su pluralidad, las sanciones legales probables, la etapa en que se encuentra la investigación que, según se indicó, se halla con diligencias pendientes especialmente en lo relativo al delito de lavado de activos, hace procedente la imposición, por ahora, de la cautelar discutida por los impugnantes, toda vez que resulta ser idónea, necesaria y proporcional a los hechos delictivos materia de la formalización .
No pasa por alto a estos juzgadores que, entre las conductas atribuidas a las encausadas, hay algunas que afectan directamente a la fe pública y a la administración de justicia, situación que sumada a lo que más arriba se ha dicho, razonablemente conduce a la conclusión que se viene señalando , concluye.
La fiscal regional de Ñuble, Nayalet Mansilla, a cargo de la indagatoria, destacó que el tribunal de alzada sumó más delitos a los que habían sido acreditados por la magistrada Claudia Aguilera González, del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, pues los ministros consideran que se dan por establecidos el soborno y el tráfico ilícito de armas.
A las abogadas formalizadas se suma en esta investigación el exdefensor local jefe de Los Ángeles, Patricio Gutiérrez Marinado (esposo de la imputada Susana Cortés), quien fue formalizado por revelación de secreto y quedó con las medida cautelares de arresto domiciliario nocturno, prohibición de salir del país y prohibición de comunicarse con los demás imputados, incluida su cónyuge.
Un cuarto formalizado en esta investigación es el funcionario del Juzgado de Garantía de Los Ángeles, Nelson Sáez Reyes, quien está con las medidas cautelares de arresto domiciliario total, y prohibiciones de salir del país y de comunicarse con los otros imputados. Nelson Sáez está formalizado por cohecho reiterado.
MODUS OPERANDI
Respecto de la asociación criminal, las abogadas formalizadas, entre 2017 y marzo de 2025, atentaron contra el orden social de administración de justicia al cooptar al funcionario judicial Nelson Sáez, encargado de actas del tribunal, para que acomodara audiencias con una magistrada, también imputada en la causa, quien fallaba en favor de sus intereses.
También cooptaron a Patricio Gutiérrez y a un fiscal de Los Ángeles, esposo de Andrea Romero e imputado en esta investigación, quienes facilitaron la obtención de información desde los sistemas informáticos de la Defensoría y de la Fiscalía, lo que favoreció a sus esposas en las defensas de sus clientes.
Además, se expuso que ambas abogadas advirtieron a sus clientes de diligencias reservadas de la Fiscalía y de las policías, les instruían que usaran teléfonos viejos que no se pudieran interceptar, fabricaron una falsa cooperación eficaz y entregaron antecedentes falsos a fiscales, en el marco de las investigaciones que realizaban, entre otras acciones.
Tanto la magistrada como el fiscal imputado en esta causa no fueron formalizados en esta oportunidad, pues para pedirles medidas cautelares es necesario que la Corte de Apelaciones de Concepción apruebe una querella de capítulos en su contra, explicó la fiscal regional. Precisó que dicho requerimiento se presentará en los próximos días.
El Juzgado de Garantía de Los Ángeles decretó tres meses de plazo para la investigación de la fiscalía, la que se realiza con la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Ñuble.