Santiago 16 Feb. (ATON) -
Derivadas de dos nuevos recursos de protección, la Corte de Apelaciones de Valparaíso suma cuatro actos procesales similares, que paralizaron los efectos del documento emanado por la contralora Dorothy Pérez.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió dos nuevas órdenes de no innovar en contra del oficio emitido por la contralora, Dorothy Pérez, quien busca acceder a datos sensibles de niños trans custodiados por el Ministerio de Salud (Minsal), para así fiscalizar el correcto uso de los fondos públicos.
Según informó TVN derivadas de dos nuevos recursos de protección, el tribunal de alzada suma cuatro actos procesales similares, que paralizaron los efectos del documento emanado del organismo fiscalizador, como también la advertencia de Pérez a la autoridad sanitaria de multar o suspender si la orden no se cumplía.
De esta manera, la judicatura porteña fijó un criterio sobre presentaciones similares, hasta que una sala compuesta por tres ministros (o eventualmente con abogados integrantes), resuelva en un sentido u otro el fondo de los libelos de quienes reclaman que sus derechos constitucionales están siendo conculcados.
Las acciones legales se suman a otras sustanciadas en distintas regiones del país y que apuntan a que los datos inquiridos por Pérez afectan su privacidad e integridad.
la contralora -invocando su facultad fiscalizadora-, busca auditar el correcto uso de la plata fiscal a un programa de cambio de género, donde además de adultos, los integran niñas, niños y adolescentes (NNA).
La polémica decisión de Pérez encendió las alarmas, porque en su oficio pidió incluir nombre social y registral, identidad de género, el ingreso y egreso del programa, los medicamentos usados, entre otros.
El Ministerio de Salud, en enero pasado, se negó a revelar la información y fue así como distintas personas o madres y padres de menores, iniciaron una batalla legal que hasta ahora se desarrolla en siete cortes de Chile: Concepción, Iquique, Antofagasta, Valparaíso, Chillán, mientras que en la Región Metropolitana en las jurisdicciones de San Miguel y Santiago.
El último recurso de protección fue ingresado ante el tribunal de alzada capitalino por el director de la Defensoría de la Niñez (DDN), Anuar Quesille.
En el libelo, Quesille argumentó que la decisión de la entidad de control administrativo no realizó un análisis acabado respecto de las leyes chilenas, como tampoco de los instrumentos internacionales que protegen la niñez. Tal como se lee en el escrito, faltó el control de convencionalidad .
Lo argüido por Quesille fue en la misma línea del oficio reservado de 26 páginas que el aludido envió a Dorothy Pérez hace algunas semanas.
A principios de febrero la ONG Be Yourself, hizo lo propio en el tribunal de apelación capitalino, pero una sala compuesta por tres ministros declaró inadmisible la presentación.
Si ocurriera la misma situación, Quesille podría recurrir a lo establecido en el auto acordado sobre la tramitación y fallo del recurso de protección y apelar a la Corte Suprema.
Esta última, luego de valorar los antecedentes, podría confirmar la resolución o bien ordenar al tribunal inferior, darle tramitación al libelo.
En el recurso de protección que se tramita en la Corte de Apelaciones de Antofagasta, el Consejo de Defensa del Estado (CDE) asumió el patrocinio de la Contraloría, cuestión que podría repetirse en todas las cortes de Chile donde se ingresaron presentaciones para hacer control constitucional sobre la decisión de Pérez.
Puede ocurrir que -atendida la investidura de la contralora- sea el abogado procurador fiscal del CDE quien alegue en estrados. En este caso, sería Alfredo Larreta Granger, un profesional de larga trayectoria en el organismo.
En cualquier situación, si los tribunales de alzada acogen o rechazan los recursos, el caso llegará a la Corte Suprema, ya sea por el CDE o bien por los abogados patrocinantes de quienes se sienten afectados, respectivamente.
De esta manera, en Santiago, el CDE podría enviar a un abogado para enfrentar los alegatos, pero al tratarse de la contralora, surge la probabilidad de que sea uno de los 12 consejeros.
En suma, lo que pudo ser una petición más de la Contraloría, llegará a ser revisada por el Tercer Poder del Estado.