Santiago 10 Jul. (ATON) -
La Corte Suprema acogió un recurso de amparo y ordenó la libertad inmediata del ex fiscal jefe de Puerto Natales, Cristian Muñoz Pérez, quien permanecía en prisión preventiva, imputado como autor de los delitos de cohecho y violación de secretos.
En fallo unánime, la Segunda Sala del máximo tribunal integrada por los ministros y ministras Manuel Antonio Valderrama, María Teresa Letelier, Jean Pierre Matus, María Cristina Gajardo y Juan Manuel Muñoz estableció el actuar ilegal al decretar la prisión preventiva del amparado sin que se haya resuelto la querella de capítulos deducida en su contra.
Según el fallo, ha existido una manifiesta afectación de la libertad personal del recurrente al privársele de ésta mediante una resolución que soslaya la exigencia de verificar que se hubiera declarado admisible la querella de capítulos, por sentencia firme y ejecutoriada, disponiendo medidas cautelares en un procedimiento que se encuentra suspendido, lo que es mérito suficiente para acoger la acción constitucional .
EL CASO
El 6 de junio pasado, tras un recurso presentado por la Fiscalía Regional de Aysén, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas decretó la prisión preventiva del ex fiscal Muñoz Pérez, imputado por los delitos de cohecho y revelación de secretos en el marco de la ley de drogas.
En los alegatos de esta causa participó el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma. El tribunal de alzada, en fallo unánime, ordenó la prisión preventiva del imputado por considerar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, en base a la gravedad de la pena asignada, forma de comisión y naturaleza de los delitos que se le imputan.
En la audiencia de formalización que se efectuó el viernes 31 de mayo, el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, pese a dar por acreditados los dos delitos y la participación del imputado en los hechos expuestos, rechazó la prisión preventiva y decretó la medida cautelar de arraigo nacional y arresto domiciliario total.
HECHOS INVESTIGADOS
En la audiencia de formalización, el fiscal Carlos Palma expuso que el 12 de febrero de 2022 en horas de la tarde, en un domicilio de Punta Arenas, el imputado se reunió con el denunciante de la causa y otras personas, presentándose como el fiscal jefe de Puerto Natales y que, en su calidad de tal, haría todas las gestiones para cobrar un pagaré de 20.000.000 de pesos en favor del sujeto.
Palma añadió que el imputado Muñoz Pérez ayudaría en la recuperación del dinero de una máquina retroexcavadora y que "vería qué se podía hacer en una causa relativa al robo de un camión ocurrido el año 2018 en Santiago . Lo anterior, implicaría el pago de 7 millones de pesos que el ahora denunciante debía entregar al fiscal y a otro abogado.
El 14 de febrero de 2022, el denunciante manifestó que no tenía dinero para pagar los honorarios, pero que podía dar en pago un automóvil marca Suzuki, año 2015, el que fue aceptado por Cristian Muñoz Pérez, recibiendo el vehículo ese mismo día.
De esta forma, el entonces fiscal jefe de Puerto Natales aceptó recibir un beneficio económico, a cambio de ejecutar acciones consistentes en el cobro de un pagaré y además, instar por la recuperación del valor en dinero de una retroexcavadora, abusando de su cargo.
REVELACIÓN DE SECRETOS
Respecto del delito de revelación de secretos en el marco de la ley 20.000 de drogas, el fiscal Carlos Palma expuso que, desde octubre de 2022, se desarrolló una investigación por el delito de tráfico de drogas en la zona, en la cual apareció como blanco de interés un imputado que trabajaba en una botillería, de la cual era socio con un tercero.
El 5 de diciembre de 2022, a eso de las 21:06 horas, el imputado indicó vía mensaje de WhatsApp al socio del blanco de interés, quien además le arrendaba al fiscal jefe una pieza para vivir en Puerto Natales, la concurrencia de funcionarios antinarcóticos de la PDI. Con esta acción, el imputado divulgó información relativa a una investigación de drogas amparada por el secreto.
Las diligencias investigativas en ambas causas fueron solicitadas por la fiscalía a la BIPE Metropolitana de la PDI. El plazo para el término de esta investigación fue fijado en 90 días, por parte del Juzgado de Garantía de Punta Arenas.