Santiago, 2 de septiembre de 2026. La Corte Suprema inicia la vista de los cuadernos de remocion abiertos en contra de miembros del escalafon primario que viajaron al extranjero haciendo uso de licencias medicas Jonnathan Oyarzun/Aton Chile - JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE
Santiago 17 Sep. (ATON) -
La semana pasada comenzaron a verse en la Corte de Apelaciones de Santiago una veintena de sumarios por visitas a casinos y ayer se avanzó con otra veintena. El lunes aconteció lo mismo en la Corte de San Miguel.
Luego de la remoción de 11 jueces por viajar al extranjero con licencia médica, la Corte Suprema inició la revisión de los casos de magistrados que asistieron a casinos de juego en la misma situación.
Según informa El Mercurio, la semana pasada comenzaron a verse en la Corte de Apelaciones de Santiago una veintena de sumarios por visitas a casinos y ayer se avanzó con otra veintena. El lunes aconteció lo mismo en la Corte de San Miguel.
De acuerdo a esta información, estas dos cortes y otros 15 tribunales de alzada deben confirmar o descartar las sanciones propuestas por los fiscales judiciales y definir si se abren formalmente cuadernos de remoción.
Además, según los antecedentes obtenidos por el diario, no hay ministros de la Corte Suprema involucrados y el número de jueces es mucho menor que los casos de licencias por viaje al extranjero.
Una vez que se revisen todos los sumarios, el Pleno del máximo tribunal deberá resolver si aplica el criterio de revisar todas las investigaciones a nivel nacional, hayan sido apeladas o no, con el fin de unificar directrices.
Las acciones de la Corte Suprema se basan en el artículo 80 de la Constitución, que establece que el máximo tribunal puede de oficio, a petición de parte o por requerimiento del Presidente de la República, declarar si un magistrado no ha tenido un comportamiento acorde a su cargo, lo que podría derivar en su destitución por mayoría. No obstante, dicha medida no es aplicable a los funcionarios del Poder Judicial.
La Ley de Casinos prohíbe realizar apuestas únicamente a los empleados públicos que manejan, custodian o administran fondos del Estado. Esto solo tocaría a jueces civiles y penales.
El proceso se originó el 11 de agosto del año pasado, cuando la Corte Suprema ordenó indagar de manera interna a jueces y funcionarios, tras conocerse el informe de la Contraloría que reveló que 13.286 empleados públicos no judiciales acudieron a casinos de juego con licencias médicas.