Publicado 12/01/2026 16:01

CPC entrega propuestas al futuro gobierno para reducir la permisología

Santiago 12 Ene. (ATON) -

La presidenta del organismo, Susana Jiménez, junto al timonel de la Cámara Chilena de la Construcción, Alfredo Echavarría entregaron al equipo económico de Jorge Quiroz una propuesta para reformar los permisos sectoriales y destrabar la inversión

La Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), encabezada por su presidenta Susana Jiménez, junto al timonel de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría entregaron al equipo económico del presidente electo, que lidera el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, una propuesta detallada para reformar la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales (LMAS), más conocida como permisología.

Se analizaron 382 permisos sectoriales y en base a eso se elaboraron propuestas para reducir el tiempo de incertidumbre y discrecionalidad sin afectar los criterios ni estándares regulatorios ambientales o sanitarios.

Con este objetivo, se propuso eliminar el 4% de los permisos exclusivamente porque no agrega control real de riesgos o simplemente duplica otros trámites. En todos esos casos el riesgo ya está cubierto por otro instrumento regulatorio , se lee en el documento. Mientras tanto, el 96% restante de los permisos revisados se mantienen o transforman .

Del total, identificaron 170 permisos, correspondientes a un 45%, que podrían funcionar bajo el modelo de declaración jurada o aviso (conocida como THA o Técnica Habilitante Alternativa). De esos, 82 coinciden con los permisos que el actual Gobierno ya ha identificado preliminarmente como potenciales THA, lo que demuestra que aquí hay coincidencia técnica, no confrontación , agrega el documento.

Bajo el criterio de la CPC, proponer reemplazar un permiso por una declaración jurada o aviso significa pasar de un sistema lento y discrecional a uno basado en reglas claras, objetivas y automatizadas .

Ante esto, el documento cierra declarando que la propuesta de la Confederación permitiría una mayor certeza jurídica y menores plazos de tramitación, menos discrecionalidad y un Estado más enfocado en resultados . Algo clave para recuperar inversión, crecimiento y empleo, sin rebajar estándares .

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