Santiago 7 Mar. (ATON) -
El 13° Juzgado de Garantía de Santiago admitió la querella presentada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, contra la subsecretaria de Prevención del Delito y exalcaldesa Carolina Leitao, acusándola de fraude al fisco y falsificación de instrumento público.
La querella presentada por el alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, en contra de su antecesora y hoy subsecretaria de Prevención del Delito, Carolina Leitao, por fraude al fisco y falsificación de instrumento público, fue declarada admisible por el 13° Juzgado de Garantía de Santiago.
Con esta resolución, el tribunal remitió los antecedentes al Ministerio Público, organismo que ya mantiene una investigación vigente respecto a las materias denunciadas por Concha.
La querella también persigue a tres exfuncionarios del municipio: el exadministrador municipal, Patricio Escobar; la exdirectora de Administración y Finanzas; Tamara Rubio; y el exdirector de la Secretaría Comunal de Planificación, Juan Enrique Pino.
Según el texto de la querella, se habría implementado un mecanismo de sobreestimación de ingresos presupuestarios. Mediante la autorización de gastos por sobre la real capacidad financiera del municipio, se habría generado un déficit de al menos $12.000 millones a diciembre de 2024, cuando comenzó la gestión Concha.
Por medio de diferentes mecanismos de defraudación, durante la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao fue posible sostener la apariencia de un buen funcionamiento financiero municipal, mientras tras bambalinas generaba una situación de insolvencia progresiva, causando un déficit de caja considerable, evidenciando no solo un desequilibrio contable, sino una falta efectiva de recursos líquidos y un perjuicio patrimonial concreto , señala la querella.
También se acusa el presunto uso de cerca de $2 mil millones en recursos transferidos por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).
Dichos dineros estaban destinados a proyectos como plazas, canchas y pavimentos, pero que se habrían utilizado para fines distintos a los fijados por ley.
Finalmente, se denunció que ante la Contraloría y otros entes fiscalizadores se presentaron estados financieros que no reflejaban la situación real de la municipalidad.