Santiago 7 Dic. (ATON) -
La defensa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue presentó su contestación formal a la acusación constitucional y aseguraron que no existe evidencia que lo vincule a actos de corrupción.
La defensa del ministro de la Corte Suprema Diego Simpertigue presentó su contestación formal a la acusación constitucional y aseguraron que no existe evidencia que lo vincule a actos de corrupción.
Según consignó La Tercera, se trata de un documento de 46 páginas que fue remitido a la comisión revisora de la Cámara, donde la defensa sostiene que no existe una sola prueba directa que lo vincule a actos ilícitos", que la acusación está mal construida y que parte de sus capítulos se sustentan en hechos aparentados , tomados de investigaciones dirigidas a terceros.
En esta línea, acusaron que que la acusación se construye sobre conjeturas, no sobre hechos , y aseguraron que el libelo se apoya en la idea de que el ministro habría replicado conductas reñidas con la probidad similares a las que se investigan en terceros.
Ello no solo es falso -afirma el escrito-, sino que vulnera el principio básico de que la responsabilidad constitucional es personalísima , indicado.
La defensa de Simpertigue menciona el litigio entre Codelco y CBM, eje central del primer capítulo de la acusación, y se señala que las decisiones cuestionadas fueron adoptadas de forma colegiada, que la designación de ministro redactor y que todas sus actuaciones en la causa se encuentran registradas formalmente y no muestran irregularidad alguna.
En el escrito, también se refuta la existencia de conflictos de interés en el nombramiento de un notario y se menciona que dicho nombramiento ocurrió antes de que Simpertigue llegara a la Suprema.
El texto también recalca que la designación interina, al contrario de lo que insinúa el libelo, no dependería de los ministros del máximo tribunal del país.
Respecto al capítulo relativo a Fundamenta, la defensa aseveró que se intenta imputar al ministro decisiones doctrinarias o posiciones jurídicas legítimas como si fueran irregularidades.
En el documento se denuncia un supuesto prejuzgamiento que afectaría la imparcialidad del proceso legislativo y se comenta que las declaraciones públicas de parlamentarios antes de la presentación del libelo, así como la cobertura periodística del caso, han generado una presión indebida y un ambiente adverso para la debida ponderación de los hechos.
El abogado de Simpertigue, Felipe Lizama, advierte que cuando se persigue a un ministro de la Corte Suprema sin prueba directa, movidos por la presión mediática o política, se vulnera gravemente la independencia judicial , y sostiene que el mecanismo de acusación constitucional debe utilizarse de manera excepcional y no como reacción automática a controversias públicas.
En el documento se pide a la comisión revisora declarar la caducidad de parte de los cargos y se indica que los hechos habrían sido interpretados incorrectamente o estarían extrapolados desde investigaciones penales.