Santiago 1 May. (ATON) -
La institución entregó los principales hallazgos del Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026.
Un aumento de al menos 137% en egresos hospitalarios por lesiones autoinfligidas, un alza de 46,4% en víctimas de violencia sexual y más de 41 mil niños, niñas y adolescentes en lista de espera para programas de protección especializada son parte de los principales hallazgos del Diagnóstico Anual sobre la Situación de Derechos de la Niñez y Adolescencia 2026, presentado por la Defensoría de la Niñez.
Esta tercera publicación, elaborada por el Observatorio de Derechos de la institución, reúne antecedentes recopilados durante 2025 y permite visualizar la situación de la niñez y adolescencia más allá de casos aislados, identificando tendencias, brechas persistentes y ámbitos donde la respuesta pública no está llegando de manera oportuna y eficiente.
El informe muestra avances en diversas materias como la reducción del embarazo adolescente y recuperación en algunos indicadores afectados por la pandemia, como pobreza, inseguridad alimentaria, resultados de aprendizaje y asistencia escolar. Sin embargo, advierte que niños, niñas y adolescentes enfrentan riesgos crecientes en salud mental, violencia, entornos digitales, convivencia educativa y protección especializada.
Al analizar los datos, vemos cómo el entorno social, cultural y tecnológico en el que niños, niñas y adolescentes se desarrollan ha cambiado vertiginosamente; sin embargo, las políticas públicas para su protección parecieran no avanzar al mismo ritmo , sostuvo el defensor de la Niñez, Anuar Quesille.
Uno de los aspectos más importantes del Diagnóstico, es la incorporación de la opinión de niños, niñas y adolescentes. Según antecedentes contenidos en el informe, un 36,9% señala que no ha podido ejercer o poner en práctica alguno de sus derechos, cifra que aumenta a 40,6% en estudiantes de enseñanza media. Además, identifican el derecho a un medioambiente sano como el menos respetado en Chile, seguido por la no discriminación, la protección, el trato justo, la salud y el derecho a ser escuchados.
Un foco de preocupación del diagnóstico es la salud mental adolescente. Entre 2014 y 2025, los egresos hospitalarios de niños, niñas y adolescentes por lesiones autoinfligidas aumentaron al menos 137% y solo en 2025 se registraron 2.518 egresos por esta causa. Ese mismo año hubo 4.159 egresos hospitalarios en unidades de psiquiatría infanto-adolescente, con una duración promedio de hospitalización de 23,8 días.
A ello se suma que, entre 2016 y 2024, la Encuesta de Calidad de Vida del Ministerio de Salud registró un aumento de 143% en el puntaje promedio de falta de compañía, de 110% en la sensación de exclusión y de 48% en la percepción de aislamiento en personas de 15 a 19 años. Lo anterior, en un contexto donde según la ELPI 2024, el 15,1% de los adolescentes han sido víctimas de ciberbullyng.
Estos antecedentes deben ser leídos como un alerta país. No hablamos solo de cifras, sino de una afectación profunda del bienestar adolescente, donde aparecen con fuerza la soledad, el aislamiento, la exclusión y la falta de respuestas oportunas , señaló Quesille.
El diagnóstico también muestra un aumento sostenido de la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Entre 2019 y 2025, la cantidad de víctimas de violencia sexual aumentó en 46,4%. Solo en 2025 se registraron 28.969 casos de abuso sexual, 1.099 de acoso sexual y 5.058 de violación contra niños, niñas y adolescentes. Además, entre 2022 y 2024 aumentó en 73% la tasa de víctimas de explotación sexual, una de las formas más graves de vulneración de derechos.
En educación, la institución advierte un deterioro de la convivencia escolar. En 2025, la Superintendencia de Educación recibió 17.076 denuncias por convivencia escolar, equivalentes al 75% del total de ingresos de ese año. Esto representa un aumento de 22,1% respecto de 2024. A ello se suma que, entre 2024 y julio de 2025, Carabineros de Chile registró 54.289 casos policiales ocurridos en establecimientos educacionales, entre ellos 1.604 por violencia sexual y 828 por uso o porte de armas, artefactos y municiones.
El problema de convivencia educativa no puede abordarse solo desde la sanción o el control. Se requieren estrategias de prevención, apoyo psicosocial, inclusión y comunidades educativas fortalecidas, ya que estas medidas son el camino idóneo para abordar las causas de la violencia. Si la respuesta llega tarde, el sistema termina reaccionando cuando la violencia ya escaló , agregó el defensor.
El diagnóstico 2026 también advierte una fuerte presión sobre el sistema de protección especializada. En 2025, 41.557 niños, niñas y adolescentes estaban en lista de espera para programas del Servicio Nacional de Protección Especializada, mientras que la sobreocupación en centros residenciales aumentó de 22% a 41% entre 2019 y 2024.
A ello se suman brechas persistentes en condiciones de vida. Aunque la pobreza disminuyó entre 2022 y 2024, uno de cada cuatro niños, niñas y adolescentes continúa viviendo en pobreza multidimensional y, según el Censo 2024, 817 se encontraban en situación de calle, principalmente en el norte del país.
El diagnóstico obliga a preguntarse si las políticas públicas actuales están respondiendo a la realidad que viven hoy niños, niñas y adolescentes. Chile necesita actualizar sus respuestas institucionales y asumir que proteger a la niñez requiere prioridad política, presupuestaria y territorial , concluyó Anuar Quesille.