Santiago 9 May. (ATON) -
La defensora nacional pública Verónica Encina, en su cuenta de la gestión institucional 2025, destacó que, desde su creación en 2001, la institución ha defendido más de 6 millones de causas penales y ha representado a más del 90 por ciento de las personas imputadas por algún delito.
La defensora nacional pública Verónica Encina, en su cuenta de la gestión institucional 2025, destacó que, desde su creación en 2001, la institución ha defendido más de 6 millones de causas penales y ha representado a más del 90 por ciento de las personas imputadas por algún delito.
La nuestra es una labor noble y muchas veces incomprendida. Trabajamos contra la corriente y las percepciones generales que, con o sin razón, a veces confían demasiado en la cárcel y poco en el derecho. Pero precisamente por eso esta institución es indispensable: porque un estado de derecho se mide también y, sobre todo, por cómo trata a quienes enfrenta con su poder punitivo , señaló.
Bajo esta premisa, la jefa nacional de la defensa pública recordó que el 10 de marzo pasado ingreso al Senado el proyecto de ley de reforma constitucional que crea una Defensoría Penal autónoma. A su juicio, una vieja deuda estructural de la reforma a la justicia procesal penal instalada desde el año 2000.
Esa reforma quedó con una deuda estructural: el Ministerio Público nació con autonomía constitucional, la Defensoría no. Y en un sistema acusatorio, el equilibrio entre quien persigue y quien defiende no es un detalle: es la condición misma del juicio justo , precisó Encina Vera.
La abogada recordó que en agosto de 2024 la relatora especial de Naciones Unidas sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, realizó una visita oficial al país y en su informe -relativo al sistema judicial chileno- calificó a la Defensoría Penal Pública como una de las instituciones mejor evaluadas y recomendó fortalecerla otorgándole la autonomía institucional.
Lo que pedimos, por tanto, no es lo que nosotros queremos para nosotros. Es lo que la comunidad internacional y los estándares contemporáneos del derecho a defensa recomiendan que Chile haga. La autonomía no es un fin en sí mismo: es una garantía del derecho a defensa. Y el derecho a defensa es la última frontera entre la persona y el poder del Estado , dijo.
En su exposición, la defensora nacional destacó también el trabajo realizado para posicionar a la institución como referente técnico en el plano internacional, legislativo y académico.
SEGURIDAD Y DEBIDO PROCESO
Agregó que su participación en el debate legislativo en la Comisión de Constitución Legislación y Justicia de ambas cámaras, frente a proyectos de ley como el que amplía las atribuciones policiales, o aquellos relativos al control de identidad, a la tipificación de nuevas figuras penales y al uso de herramientas intrusivas de investigación han tenido por finalidad aportar rigor técnico y demostrar que las políticas públicas basadas en evidencia son las que tienen mayor éxito.
Quiero ser muy clara aquí, porque el tema lo amerita. Nadie en esta institución desconoce la legitimidad de la preocupación ciudadana por la seguridad, pero nuestra obligación como Defensoría es asegurar que esas respuestas se construyan respetando el debido proceso, la presunción de inocencia y el principio de última ratio del Derecho Penal , dijo.
GRUPOS VULNERABLES
En su exposición, la Defensora Nacional quiso centrarse en tres grupos vulnerables que enfrentar a diario el sistema procesal penal: las personas que sufren de enajenación mental, las mujeres y aquellas personas que han sido imputadas por un delito y han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sobreseídas por la justicia.
Durante 2025, más de 400 personas con antecedentes de inimputabilidad por demencia fueron privadas de libertad en recintos penitenciarios, pese a que el Código Procesal Penal regula expresamente que estas personas deben cumplir prisión preventiva en centros hospitalarios.
No podemos seguir permitiendo que personas enfermas mueran en las cárceles producto del suicidio o de homicidios que se vinculan directamente a la enfermedad que padecen y de la cual el Estado debe hacerse cargo , acusó la Defensora Nacional.
Respecto de las mujeres, durante 2025 hubo un total de 3.351 mujeres que estuvieron en prisión preventiva y, de ellas, el 28,6 por ciento estuvo entre 6 meses y más de un año privadas de libertad. Cabe destacar, además, que del total de mujeres que estuvo privada de libertad, 43 eran menores de edad y 625 eran extranjeras.
Hago hoy un llamado a la aplicación real del enfoque de género en la decisión sobre la privación de libertad y, en general, a comprender el verdadero sentido de la prisión preventiva: una medida cautelar excepcional, que no puede traducirse en castigo anticipado , agregó Encina Vera.
Los casos de personas imputadas por un delito y luego ser absueltas, sobreseídas o cuyas causas son abandonadas por el Ministerio Público son especialmente preocupantes para la Defensoría Penal Pública. Desde la creación de Proyecto Inocentes en 2013, más de 28 mil personas han estado en prisión preventiva para luego ser absueltas o sus causas sobreseídas.
En este sentido, la Defensora Nacional advirtió que cuando el sistema se equivoca, son las personas las que ven afectadas en su trabajo, su entorno familiar y su reputación, sin que exista un sistema de reparación automático.
Por eso, valoramos especialmente el proyecto de ley que propone modificar el Código Procesal Penal para mejorar el recurso de revisión y fortalecer los mecanismos de indemnización por error judicial. Esperamos que sea tramitado y finalmente aprobado, porque cuando un inocente está en la cárcel, no sólo se vulneran sus derechos. Se debilita el estado de derecho y la legitimidad del sistema. Para eso existe la Defensoría Penal Pública y por eso es tan importante reforzarla institucionalmente , sostuvo la autoridad.