Santiago 10 Ene. (ATON) -
A través de una carta, parlamentarios de la colectividad pidieron revisar los efectos del fallo en el principio de legalidad y el debido proceso.
Una fuerte inquietud manifestaron parlamentarios de Renovación Nacional luego del fallo emitido por la Corte Suprema de Chile el pasado 30 de diciembre, resolución que ordenó dar cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) contra el Estado de Chile por la aplicación de la media prescripción en crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.
El jefe de bancada, Frank Sauerbaum, junto a la subjefa Carla Morales, enviaron una carta a Roberta Clarke, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, solicitando que considere la adopción o promoción de alguna medida que permita evitar que bajo el pretexto del cumplimiento internacional, se consoliden prácticas contrarias al debido proceso y al principio de legalidad .
Desde el máximo tribunal se descartó que la resolución afecte la soberanía nacional, acogiendo tanto la sentencia como las medidas de reparación establecidas por el organismo internacional. Como resultado de esta decisión, se produjeron modificaciones en diversas condenas, con aumentos de penas en algunos casos y reducciones en otros, considerando la condición de adultos mayores de ciertos sentenciados.
En términos concretos, el fallo implica que cuatro exagentes del Estado deberán regresar a prisión; otros 24 verán incrementadas sus penas entre ellos Álvaro Corbalán y Miguel Krassnoff mientras que dos personas cumplirán reclusión domiciliaria total.
A juicio de los legisladores de RN, resulta especialmente preocupante que se haya procedido a modificar una sentencia penal firme, aumentando la pena originalmente impuesta y ordenando una nueva privación de libertad, sin que exista una norma legal previa, clara y expresas que habilite tal revisión en perjuicio del condenado .
No obstante, en la misiva aclaran que su postura no busca relativizar la gravedad de los delitos sancionados, enfatizando que defender los derechos humanos no puede ni debe implicar su relativización (del debido proceso), aun cuando se trata de proscribir y perseguir delitos de la máxima gravedad .
La resolución de la Corte Suprema se enmarca en la sentencia dictada en marzo de 2024 por la CIDH, en el caso Vega González y otros vs. Chile, donde el tribunal internacional declaró la responsabilidad internacional del Estado de Chile por la violación a los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial , en causas vinculadas a 44 víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Según lo establecido, entre los años 2007 y 2010 se aplicó la figura de la media prescripción en condenas por estos delitos, y en casi todos los recursos de casación salvo uno se impidió que los familiares de las víctimas presentaran argumentos ante la justicia.
Como parte de las medidas de reparación, la CIDH ordenó al Estado de Chile revisar y/o anular las reducciones de las penas que hubieran derivado de la aplicación inconvencional de la media prescripción , además de disponer atención psicológica para las víctimas que lo requieran y el pago de indemnizaciones.